A solo dos días de que vencieran los contratos de concesiones de frecuencias de todas las emisoras de radio y TV, el Poder Ejecutivo anunció un decreto para extender de manera temporal su plazo de vencimiento y preparar un llamado a concurso público para su nueva adjudicación y permitir el acceso de nuevos operadores
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció que, vía decreto, se prorrogaron las actuales concesiones de las emisoras de TV y radio que iban a vencer el 28 de junio, por un periodo de 15 meses. Una medida que el propio gobierno califica como “excepcional y temporal” en busca “proteger los derechos de los usuarios en el acceso al servicio” y garantizar la continuidad de los servicios.
En conferencia de prensa, Paula Bogantes, ministra del Micitt -en compañía del presidente Rodrigo Chaves- aseguró que este plazo también dará tiempo a formular un concurso público que deberá confeccionar la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), dando la posibilidad de que puedan ingresar nuevos actores.
Bogantes manifestó que el concurso “es la acción más democrática”, ya que existen un número importante de interesados que les interesa participar y acceder a una frecuencia en los servicios de radiodifusión.
Por otro lado, la ministra anunció que el equipo del ministerio realizó una propuesta de actualización anual del impuesto a la radiodifusión, con el objetivo de buscar una fórmula “justa” y “diferencial”, que establece un porcentaje según el ingreso que registre la empresa -7,5% en la TV y 4% en las radios-.
En referencia a las preocupaciones de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) por un posible apagón de la radio y televisión ante la falta de seguridad sobre la decisión del gobierno, Chaves y Bogantes aseguraron que “se han aprovechado de esta situación para crear un ambiente de caos”, cuando “el ejecutivo había sido claro que no iba a permitir el apagón para todos los concesionarios”.
Tras conocerse la decisión definitiva, el presidente de Canara, Gustavo Piedra, destacó que la amenaza de un apagón era “jurídicamente real” y que la solución del gobierno llega tarde, lo que refleja una falta de acción previa por parte del Ejecutivo.
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