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Gobierno de Nicaragua utiliza copyright como excusa para censurar discursos críticos en Internet

El gobierno de Nicaragua está utilizando la normativa de derechos de autor para censurar discursos críticos en Internet al eliminar o suspender cuentas de activistas, medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con Access Now, distintos medios de comunicación que vieron afectadas sus cuentas de YouTube en base a la Ley Nicaragüense 312 de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al emitir contenidos del Canal 4, propiedad de la familia del presidente Daniel Ortega Murillo.

Esos contenidos remiten a acontecimientos del país y discursos del presidente -que se transmiten en cadena nacional y son retransmitidos en forma obligatoria por medios locales- y no precisan de la autorización del autor para ser emitidos ya que están incluidos en la excepción de interés público.

Por ende, de acuerdo con Access Now, los actos de censura o suspensión de cuentas en redes sociales “evidencian una estrategia del régimen de Daniel Ortega para limitar la denuncia pública y obstaculizar el ejercicio periodístico crítico e independiente, haciendo uso de los medios de comunicación propiedad de su familia y otras entidades del Estado que también controla”.

Esta situación se vuelve aún más preocupante frente al proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que se encuentra a estudio del Congreso. Como hemos publicado en OBSERVACOM, más de 30 organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la iniciativa que, de aprobarse la ley, promoverá la criminalización del uso de las tecnologías y limitará el derecho a la libertad de expresión.

En este panorama de abusos gubernamentales, igualmente Access Now hace un llamado a las plataformas para “revisar sus políticas frente a la eliminación de contenidos y suspensión de cuentas, de forma que sus procesos contribuyan en la defensa de la sociedad civil y los derechos humanos”.

“Una solución integral a los incumplimientos a las normas de derechos de autor debe estar basada en los principios internacionales de transparencia, proporcionalidad y remedio, en aras de proteger a las personas u organizaciones afectadas”, concluyen.

 

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