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Gobierno de Uruguay avanza en implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

A partir de septiembre de este año, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) fiscalizará varios aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aprobada en diciembre de 2014, según lo aseguró Nicolás Cendoya, director de URSEC al semanario Búsqueda.

Entre otras acciones, se comenzará a controlar el cumplimiento de las cuotas de música nacional en las radios -fijada en un mínimo de 30% del total de la programación-, así como también que las empresas de TV paga estén incluyendo en su paquete básico a las señales de TV abierta (lo que se conoce como regla de must carry o deber de transporte).

A partir de 2018, el regulador también fiscalizará el cumplimiento del porcentaje de programación nacional (al menos 60%) exigido por la normativa para la TV abierta.

Estas decisiones significan un cambio importante en la implementación de la LSCA, si se consideran los cuestionamientos realizados por la Coalición por una Comunicación Democrática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En mayo, la Coalición había planteado su preocupación por la falta de aplicación integral de la Ley en las audiencias convocadas por la CIDH en Buenos Aires, Argentina. Aquí se puede ver el video de la presentación.

Discrepando con esta opinión, Cendoya afirmó que el regulador ya emitió 67 resoluciones sobre temas referidos a la ley y estaría tramitando 97 nuevos expedientes.

Recientemente trascendió públicamente que el Presidente Tabaré Vázquez firmaría la reglamentación de la Ley pero, por el momento, esto no ha sucedido. Tabaré Vázquez había decidido esperar a que la Corte se expidiera sobre los 29 recursos de inconstitucionalidad presentados contra la LSCA, antes de avanzar en su implementación.

A fin de 2016, el Presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, había señalado que la Ley “ha superado el test de constitucionalidad, así como la gran mayoría de la norma”, además había señalado que “de unos 200 artículos (que tiene la ley) hemos declarado inconstitucionales unos pocos artículos, y esos artículos no hacen a lo que es la estructura de la ley. Es decir, la estructura en cuanto a derechos de los usuarios, la estructura en cuanto a la creación de un organismo independiente y con integración multisectorial”.

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