Tras la aprobación definitiva de la iniciativa para eliminar varios organismos autónomos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que los roles del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) serán distribuidos en tres dependencias del gobierno. Además, el regulador enfrentará una drástica reducción del 70% de su presupuesto mientras siga operando
La reforma que extingue diversos organismos autónomos mexicanos ya fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y dispone que las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quedarán en manos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Economía y un nuevo organismo gubernamental a crearse.
Se trata de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que también absorberá funciones del actual regulador, pasando a ser la dependencia encargada de elaborar, implementar y controlar las políticas referidas a telecomunicaciones y radiodifusión comercial en el país.
Mientras tanto, la SICT asumirá la regulación específica de las radios comunitarias e indígenas y la Secretaría de Economía lo referido con la competencia económica, con el objetivo de “disminuir la monopolización de ciertos productos y servicios”, afirmó Sheinbaum.
Cambios presupuestales
A pesar de que la transferencia de potestades del IFT comenzarán cuando se cumplan 180 días de la entrada en vigor de las leyes secundarias para poder ejercer las facultades previstas, el Congreso ya aprobó un recorte presupuestal que afecta al IFT.
Para el ejercicio fiscal de 2025, al organismo se le asignaron 500 millones de pesos mexicanos (aproximadamente unos 24,5 millones de dólares), lo que representa una reducción de más del 70% respecto al monto solicitado para el ejercicio fiscal del 2025, y menos del 10% del presupuesto que manejaba en 2014.
El regulador expresó “su extrema preocupación por el recorte”, el cual “pone en riesgo su operación y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
El IFT sostiene que el recorte “compromete o implica dejar de realizar importantes proyectos que este Instituto ha implementado en favor de las y los usuarios, de las comunidades y pueblos indígenas, así como de la inclusión digital, entre ellos”.
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