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Google ante la dura moción antimonopolio del gobierno

Por Martín Becerra (profesor UNQ y UBA, investigador Conicet).

El gobierno estadounidense pidió al juez que tramita las denuncias por abuso de posición dominante contra Google que el gigante tecnológico venda el navegador Chrome, modifique el funcionamiento de Android, cese los contratos de exclusividad con Apple y Samsung y comparta los datos recopilados durante décadas a miles de millones de usuarios. Manual de googlesplaining en contraataque

Antes del 20 de diciembre, Google debe responder en sede judicial la moción que hizo el Departamento de Justicia del gobierno estadounidense, el miércoles pasado, para que el gigante tecnológico venda el navegador Chrome y la posibilidad de que, para atenuar su posición dominante, modifique la preferencia que sus propios servicios tienen en el sistema Android o, en su defecto, también lo venda a otra empresa.

Este es el caso antimonopolio más importante que tramita el Poder Judicial de EEUU desde inicios de siglo XXI, fue motivado por denuncias del Departamento de Justicia en 2020, cuando gobernaba Donald Trump, al que sumaron fiscales de más de 30 estados de ese país. Las medidas propuestas, que Alphabet, la casa matriz de Google, considera “drásticas” y “extremadamente intervencionistas” están sujetas a la decisión del juez de Distrito de Columbia Amit Mehta, quien en agosto último dictaminó que “el comportamiento anticompetitivo” de Google “debe detenerse” y que el omnipresente motor de búsqueda Google ha explotado ilegalmente su dominio para distorsionar la competencia y sofocar la innovación.

Los abogados oficiales también solicitan una reorganización del negocio de Google. El juez Mehta podría impedir que el conglomerado continúe firmando contratos de exclusividad con proveedores de equipos móviles, como Samsung y Apple, que hacen de su motor de búsqueda el predeterminado.

Según el gobierno estadounidense, estos acuerdos afectan indirectamente los precios finales que pagan los consumidores en toda la amplia gama de productos que compran y que, por ser anunciados en el buscador de Google (donde aparecen como resultados patrocinados), tienen un costo superior al que tendrían si hubiera competencia real en el mercado de búsquedas en Internet. Al subir el precio de los anuncios en el buscador, debido a su carácter monopólico, afectan al consumidor.

Además, para habilitar competencia en el mercado monopolizado, el gobierno pretende que Google comparta los datos que recopila sobre los usuarios a la hora de determinar qué resultados personalizados les muestra (y les oculta). Indicador directo del poder dominante en la economía digital, los rivales potenciales de Google no pueden nivelar la ventaja que ha acumulado durante décadas de extracción, almacenamiento y procesamiento de datos personales y públicos, mediante los que ha trazado perfiles y patrones de comportamiento de sus miles de millones de personas y organizaciones usuarias. La programación algorítmica de los productos y servicios de Google se nutre de esa extraordinaria acumulación de datos imposible de igualar por parte de cualquier emprendimiento emergente.

Durante el mandato de Joe Biden, el gobierno abonó el caso con la acusación de que Google “monopoliza ilegalmente las tecnologías publicitarias que millones de sitios web y aplicaciones utilizaron para generar ingresos”. Es un interrogante abierto qué sucederá con el patrocinio oficial a partir del 20 de enero de 2025, cuando Trump regrese a la Casa Blanca.

Googlesplaining

La presentación del gobierno fue respondida en duros términos por el conglomerado. El presidente de Google, Kent Walker, calificó las propuestas del gobierno de “extremas”, “un programa intervencionista radical” y “tremendamente exageradas”. Como guiño explícito al programa ideológico de Trump, Walker acusó al Departamento de Justicia de “impulsar una agenda intervencionista radical que dañaría a los estadounidenses y al liderazgo tecnológico global de Estados Unidos”, disputado por China.

Según Google, los cambios planteados por el actual gobierno “romperían una serie de productos, incluso más allá de la búsqueda que la gente adora y encuentra útiles en su vida diaria”. Como en otros comunicados en formato googlesplaining, Walker aseveró que si se modifica el statu quo dominado por su empresa, se pondría en peligro la privacidad y la seguridad de los usuarios de sus múltiples servicios y aplicaciones.

Es decir que, para Google, la acusación carece de fundamento porque los usuarios serían libres de elegir otro buscador. Alega que los productos y servicios de Alphabet son mejores y por eso son más exitosos. El googlesplaining elude toda referencia al poder de mercado alcanzado por la empresa y diluye sus efectos, al indicar que su posición dominante es inferior al 90% de las búsquedas online, porque el porcentaje omite todas las búsquedas que se hacen al interior de plataformas de comercio electrónico (Amazon, Mercado Libre o TripAdvisor), redes sociodigitales como TikTok o servicios como Airbnb. Acá Google tiene un punto: metodológicamente el universo de búsquedas en Internet no se reduce sólo a los motores de búsqueda.

Pero si fuese irrelevante la instalación predeterminada del buscador en los dispositivos, ya que los usuarios podrían sortearla de modo sencillo, ¿por qué Google gasta 10 mil millones de dólares anuales en sostener ese privilegio?

De hecho, en el primer día de juicio el juez Amit Mehta cuestionó al abogado de Google, John Schmidtlein, su planteo de que los usuarios pueden cambiar fácilmente de buscador desde su configuración predeterminada, y le preguntó con qué frecuencia lo hacían. El abogado de Google respondió que no tenían datos ciertos sobre eso.

Los abogados y el lobby político de Google deberán redoblar sus esfuerzos porque el juez Metha podría arribar a una resolución del caso en los próximos nueve meses. Incluso si Trump decidiera bajar los decibeles de la demanda iniciada en su primera presidencia, es improbable que la coalición de más de 30 estados y territorios representados por sus fiscales generales que se unió al caso lo haga.


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