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Google impedirá anuncios políticos pagos para las elecciones de 2024 en Brasil

A partir del pasado 1 de mayo, día en que entró en vigor una nueva normativa emitida por el Tribunal Superior Electoral que busca aportar más transparencia a la publicidad durante el periodo electoral, Google no permite la publicación de publicidad política en Brasil para las elecciones de 2024 por considerar que, debido a la inversión necesaria, ‘no es posible’ adaptarse a la normativa
Foto: Pexels.

Google anunció que ya no acepta la publicación de anuncios publicitarios de contenido de carácter político en Brasil para las elecciones de octubre de este año. La plataforma afirma que su decisión responde a la entrada en vigor de la resolución 23.732 sobre propaganda electoral para 2024, aprobada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 27 de febrero de este año, que aporta nuevas obligaciones a las plataformas digitales sobre el tema. Es decir que, en Brasil desde el 1 de mayo, ningún contenido de carácter político puede ser impulsado en Google Ads, la herramienta que permite anunciar en el buscador o en las otras empresas Alphabet, como es el caso de YouTube.

¿Cómo define Google al “contenido de carácter político”? Como aquel “relacionado con organizaciones políticas, partidos políticos, respaldo o financiación de iniciativas políticas y anuncios sobre candidatos y políticos concretos”. El TSE, en su artículo 27-A, define al contenido político-electoral como aquel que se refiera a “elecciones, partidos políticos, federaciones y coaliciones, cargos electos, personas con cargos electos, candidatos, propuestas de gobierno, proyectos de ley, ejercicio del derecho de voto y otros derechos políticos o asuntos relacionados con el proceso electoral”.

El objetivo central de la normativa del TSE es aportar más transparencia a la publicidad durante el periodo electoral, por lo que, entre otras cosas, obliga a las plataformas a proporcionar repositorios de anuncios políticos actualizados en tiempo real que deben contener la siguiente información:

  • Contenido anunciado.
  • Importes invertidos.
  • Responsable del pago.
  • Periodo de impulso de las publicaciones.
  • Características de los grupos de población que componen la audiencia (propering) de la publicidad contratada.
  • Cantidad de personas afectadas por anuncios.

Además, las plataformas deben proporcionar una herramienta de consulta, accesible y fácil de gestionar, que permita realizar búsquedas avanzadas en los datos de dicho repositorio. Las búsquedas de anuncios políticos dentro del repositorio deben estar basadas en palabras clave, términos de interés y nombres de anunciantes.

Sin embargo, desde Google aseguran que, debido a la inversión necesaria, “no es posible” adaptarse y cumplir con los requisitos de la normativa, por lo que la empresa decidió actualizar su política de contenido de carácter político en Brasil, donde se prohibirá lo siguiente en sus plataformas: “Anuncios en los que se haga referencia a elecciones, partidos políticos, federaciones y coaliciones, cargos electos, propuestas de Gobierno, proyectos de ley, el ejercicio del derecho al voto y otros derechos políticos o asuntos relacionados con el proceso electoral.” Esto cita casi en forma textual la definición de contenido político-electoral de la norma del TSE, dejando fuera solo las “personas con cargos electos” y “candidatos”.

Según informe de Poder360, Google consideró que “no sería posible” cumplir con esas normas, no por la tecnología, sino por la inversión necesaria para la aplicación. Además, la empresa evaluó el riesgo de falla del sistema y teme que se castigue a la big tech por eso.

Bruno Mattos, investigador del Laboratorio de Estudios de Internet y Redes Sociales (NetLab/UFRJ), considera que la publicación de anuncios políticos no es en sí misma negativa, sino que debe haber medidas efectivas para impedir la segmentación discriminatoria de los usuarios y garantizar que su circulación sea transparente y pueda ser auditable por la ciudadanía, investigadores y autoridades públicas. “El caso de Google no es inédito, ya que diversas plataformas deciden limitar la transparencia de los datos de los anuncios que se transmiten en ellos precisamente desde un supuesto veto de la publicidad política. Este es el caso de Twitter, que decidió que terminaría el acceso a su repositorio de publicidad, alegando que sería innecesario con su decisión, ya revocada, de prohibir la promoción de contenido político”, explica Mattos.

El investigador también revela que la falta de una definición de lo que es un anuncio político puede variar de una plataforma a otra y eso aporta una barrera a la transparencia. Además, señala Mattos, el “veto” de estos contenidos no garantiza su no circulación.

La prohibición en Brasil se incorpora a la lista de “requisitos adicionales específicos” de la sección de contenido de carácter político de Google, en la que ya se encuentran los siguientes países en los que, con matices entre cada caso, no se permite la publicación de anuncios de candidatos ni de partidos políticos: Canadá -con algunos requisitos específicos en Ontario-, Indonesia, India, Japón, Filipinas, Corea del Sur, Singapur y Vietnam.

 


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