La propuesta plantea que las competencias de siete órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI), queden en manos del gobierno. Desde la bancada del oficialista partido Morena afirmaron que esperan su aprobación antes del 14 de noviembre
El coordinador de la bancada de diputados del partido en el gobierno, Ricardo Monreal, anunció que la propuesta de reforma constitucional para extinguir varios organismos autónomos y transferir sus facultades al gobierno “es probable que sea aprobada entre el 11 y el 14 de noviembre”.
El proyecto de reforma constitucional que analiza el Congreso mexicano ya tiene un primer dictamen donde se propone disolver siete organismos reguladores, abarcando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), entre otros.
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue quien presentó e impulsó esta propuesta argumentando que estos organismos ostentan un gasto “innecesario” y que son ineficientes. En la misma línea, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, ratificó que la postura del gobierno es eliminar ciertos organismos autónomos.
Sin embargo, en busca de estar en sintonía con obligaciones internacionales, Sheinbaum sostuvo que es necesario asegurar independencia técnica en ciertos sectores. “Queremos evitar prácticas monopólicas y tener un organismo técnicamente independiente”, sostuvo. Estas declaraciones coinciden con lo expresado por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien dijo que se busca que el Estado posea una agencia antimonopólica donde se traspasen las potestades referidas a la regulación de la competencia del IFT y el COFECE.
Sin embargo, esto no cambia el hecho que se eliminarán estos dos organismos, y que competencias claves que tienen hasta ahora sean asumidas por el propio gobierno (entre ellas, otorgar concesiones de radio y televisión, lo que constituye un retroceso respecto a estándares internacionales de libertad de expresión). Según analistas, estas expresiones parecen marcar más una forma de enfrentar las críticas internacionales y la posible reacción de socios comerciales como EEUU y Canadá, en tanto la eliminación de estos organismos violaría el Tratado de Libre Comercio formado por México.
La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) expresó su “profunda preocupación” ante la iniciativa, enfatizando que la autonomía del IFT es “esencial para asegurar que sus decisiones no estén influidas por intereses políticos, económicos o gubernamentales”.
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