La Justicia restituyó la autonomía del defensor de las audiencias en México y reconoce la legitimidad de regulación externa a los medios para proteger el derecho de las audiencias, al dar lugar al amparo promovido por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Artículo 19 y otras organizaciones sociales. Según los demandantes, los legisladores habían colocado “por encima de los derechos de las audiencias (incluidas personas con discapacidad, niñas y niños) los intereses económicos y políticos de los concesionarios de la radio y la televisión, en pleno proceso electoral”
De este modo se revierte el proceso que se conoció como “contrarreforma de telecomunicaciones” por el que, en 2017, el Senado aprobó cambios normativos a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminando protecciones a los derechos de las audiencias y permitiendo, por el contrario, que los concesionarios de radio y TV solamente se autorregularan, al darles capacidad de establecer su código de ética y elegir por sí mismos al defensor del público, entre otras modificaciones.
La sentencia “cita un derecho poco estudiado en México… el derecho a defender los derechos humanos… que viene de la ONU”, señaló César Olmedo, abogado que estuvo involucrado en la acción de amparo, en el programa Aristegui en Vivo.
“Es una sentencia valiente…Al Congreso le va a llegar esta sentencia y se le va a indicar que se deje sin efecto el artículo que habla de los códigos de ética y del principio de autorregulación, pero también el artículo que abrogaba los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con lo cual éstos se reactivan”, explicó Olmedo.
“El juez de distrito [en la sentencia] dice que como va a quedar vivo el artículo que le permitía al Instituto emitir lineamientos, que el Instituto nos diga cuándo van a entrar en vigor los lineamientos o que haga otros”, indicó. En este sentido, el abogado planteó que el próximo paso del debate irá hacia ese lado, “la pelota en algún momento va a caer hacia el lado del Instituto y de los concesionarios”. Con esto aludió a las posibles presiones por parte de las emisoras de radio y TV que recibirá el instituto bien sea por la aplicación de los lineamientos ya emitidos en 2016, o para elaborar nuevos.
El artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 creó la figura del defensor de audiencias y estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debía emitir lineamientos generales para su funcionamiento. Estas guías se presentaron en diciembre de 2016 e inmediatamente fueron cuestionadas en el Congreso al señalar que el Instituto había excedido sus facultades.
A partir de la decisión del Congreso de reformar la Ley en materia de derecho de las audiencias, AMEDI, Artículo 19 y otras organizaciones sociales impulsaron una acción de amparo ante la Suprema Corte de Justicia, que contó con el apoyo de 47 senadores.
De acuerdo con Olmedo, la sentencia del juez distrital Jonathan Bass Herrera dice que la modificación del artículo 256 que reconoce que la defensa de las audiencias sólo se realiza mediante mecanismos de autorregulación “viola el principio de reserva de ley”. Explicó que eso significa que “es el legislador el que puede definir los derechos de audiencias, ni siquiera el IFT, ni el concesionario ni el defensor de audiencias, eso está reservado al Congreso”, indicó Olmedo.
Además, dijo que el fallo da cuenta que a partir de la autorregulación “los concesionarios podrían tener un sesgo económico si le dan tanta libertad al defensor de audiencias”. Es que la figura del defensor de las audiencias es responsable de recibir quejas de las audiencias sobre los contenidos de los canales de TV y radio. Para ello es central que esta figura sea independiente.
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