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Análisis - Uruguay

La democratización de la comunicación en el banquillo

“Mientras el proceso sigue su camino en los pasillos de la Corte, hay decenas de artículos de la ley que ya pueden aplicarse sin necesidad de reglamentación ni son objeto de impugnación, pero el gobierno no avanza.”

 Fabián Werner */ Uruguay, mayo 2015

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En Uruguay la suerte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) aprobada por el parlamento en diciembre de 2014 se juega ahora en los tribunales de Justicia. Este es el panorama luego de que se presentaran varios recursos de inconstitucionalidad y el presidente Tabaré Vázquez decidiera postergar su aplicación hasta el dictamen de la Suprema Corte.

Una “andanada” de recursos de inconstitucionalidad contra la LSCA fue anunciada el 5 de marzo por el diario El Observador, aludiendo a fuentes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y a las empresas de televisión para abonados. La novedad se daba apenas cuatro días después de la asunción del nuevo gobierno encabezado por Vázquez, quien durante su primer discurso en cadena de radio y televisión había destacado la importancia de la nueva norma. En su aparición, el presidente puso especial énfasis en el avance que significaba la LSCA y destacó que ya estaba terminada la reglamentación de aquellos aspectos que necesitaban de un texto complementario.

Según la nota periodística, la “andanada” ya había comenzado por aquellos días y fuentes del ámbito privado anunciaban que los recursos superarían la decena. La noticia fue sucedida por síntomas de inquietud en el gobierno y derivó pocos días más tarde en el anuncio del presidente Vázquez de una pausa en el proceso para esperar el dictamen de la Corte ante los recursos. “Esperaremos a lo que dictamine la Suprema Corte de Justicia y luego estudiaremos el camino a seguir”, dijo Vázquez.

Así las cosas, la batalla de las empresas privadas para evitar la aplicación de la LSCA pasó del ámbito político al judicial y comenzaron las especulaciones. Pero no sólo fueron los actuales licenciatarios los que recurrieron a la Justicia para tramitar su rechazo.

Lo que se cuestiona

El Partido Independiente, una colectividad minoritaria que cuenta con un senador y tres diputados en el Congreso, presentó una acción de inconstitucionalidad solamente contra el artículo 143 de la ley, que otorga minutos gratis de publicidad a los partidos políticos en los medios audiovisuales. Según el escrito presentado por el PI, esta disposición entraña una doble violación de la Constitución: en primer lugar, porque no fue aprobada por la mayoría especial requerida cuando se trata de disposiciones electorales, y en segundo término porque viola el principio de igualdad, el de proporcionalidad y afecta “irremediablemente las bases del sufragio y el sistema democrático”.

El foco del cuestionamiento por parte de los independientes es el que dispone que el 80% de la publicidad que se otorgue a los partidos se distribuya según la votación obtenida en la elección inmediata anterior. El PI calcula que si se aplica este artículo tendrán 18.400 minutos gratuitos de publicidad en los medios audiovisuales mientras el Frente Amplio –en el gobierno, y único impulsor de la ley en el congreso– tendrá un total de 152.000 minutos. Para el PI, en este caso “está en juego la calidad del sistema democrático nacional”.

Por su parte, la empresa de televisión para abonados Riselco SA (Nuevo Siglo) también presentó un recurso de inconstitucionalidad, en el que se cuestionan más de medio centenar de artículos de la ley. Entre otras consideraciones, el escrito presentado ante la SCJ señala que la ley viola el principio de igualdad y los derechos a la libertad de expresión e información, libertad de empresa, seguridad jurídica y propiedad. La igualdad, según Nuevo Siglo, estaría vulnerada porque la ley establece regulaciones a los prestatarios de servicios de televisión y radio pero no sobre quienes ofrecen servicios basados en Internet.

La empresa se suma también a los cuestionamientos realizados sobre las disposiciones de la ley que regulan la publicidad dirigida a niños y adolescentes y rechaza la obligación impuesta a los operadores de cumplir con un mínimo de 60% contenidos de producción nacional.

Por su parte, DirecTV también presentó un recurso que cuestiona 27 de los 202 artículos de la ley. Entre otros argumentos considera que la limitación establecida por el artículo 55 que indica que el total de suscriptores no pueda superar el 25% del total de hogares en todo el país, ni el 35% en localidades donde existan otros servicios, limita sus posibilidades de crecimiento. También rechaza el artículo que le impide brindar el servicio de trasmisión de datos porque –según DirecTV– se beneficia a la empresa pública de telecomunicaciones Antel, que no queda sujeta a la ley a pesar de prestar servicios de IP-TV.

DirecTV también impugnó los artículos que la obligan a emitir un porcentaje mínimo de producción nacional, los que “expropian” derechos de trasmisión de eventos de interés general, y los que afectan la libertad de expresión y comunicación de pensamientos por la “intromisión” del Estado en los contenidos.

La Asociación Nacional de Broacasters del Uruguay (Andebu), una agrupación empresarial que reúne a 60 medios de comunicación audiovisual del país, fue la más vehemente opositora a la ley, llegando incluso a acusar al oficialismo de pretender imponer la censura como en los “regímenes autoritarios”. Andebu cuestiona la constitucionalidad de la ley en alrededor de 40 de sus artículos, especialmente los 59, 60 y 61 que establecen los mínimos de porcentaje de contenido de producción nacional que deben emitir los medios audiovisuales.

Los empresarios también critican que se pida a los licenciatarios un proyecto comunicacional que esté sujeto a control por parte del organismo de aplicación, el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), y que un apartamiento del mismo pueda ser objeto de sanciones. Según el presidente de Andebu, Pedro Abuchalja, de este modo “termina siendo el Poder Ejecutivo el que define qué va a decir cada medio en su proyecto comunicacional”.

Sin novedad en la Corte

Por el momento no ha existido ningún pronunciamiento del Poder Judicial ante los recursos de inconstitucionalidad, si bien al menos uno de ellos (el de DirecTV) ya fue remitido al Fiscal de Corte Jorge Díaz, quien emitió un pronunciamiento al respecto.

Según Díaz, existirían cinco artículos de la ley que violentan los preceptos constitucionales, y otros nueve lo harían de manera parcial (respecto a la libertad de empresa, la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, entre otras materias), mientras que todo el resto de la ley estaría ajustada a Derecho. Con este insumo, la Corte comenzará el análisis de la cuestión, aunque todavía no existen plazos ciertos para la aprobación de un dictamen al respecto.

Mientras tanto, catedráticos de Derecho Constitucional como José Korzeniak o Daniel Ochs sostienen la tesis de que la ley superará el examen de la Corte y su legalidad será mantenida. “Me atrevo a decirle que esta ley no va a ser declarada inconstitucional”, dijo Korzeniak durante una entrevista radial, y explicó que “siempre es el Poder Ejecutivo el que controla y si lo hace frente a un abuso está bien que lo haga”. Agregó que “todos los medios de comunicación, en especial los oligopólicos, reaccionan cuando se intenta democratizar su funcionamiento”.

Por su parte, Ochs ha defendido el texto porque pone el foco en la defensa de las audiencias y le asigna ese papel al Estado. “¿Qué derecho nos pesa más cuando ponderamos estas cuestiones? ¿El del público a tener una buena calidad informativa sobre la marcha de los asuntos públicos, o el del anunciante o propietario del medio a vender publicidad?”, se preguntó el catedrático, y citó un pronunciamiento de la Corte de los Estados Unidos cuando rechazó argumentos de operadoras de televisión:  “Su derecho vale menos, porque el derecho primario es el del público; nosotros debemos estar del lado del público porque necesitamos que esté bien informado, ya que si no es así, ejercerá mal las competencias que tiene asignadas y el sistema democrático quedará dañado”.

Mientras el proceso sigue su camino en los pasillos de la Corte, hay decenas de artículos de la ley que ya pueden aplicarse sin necesidad de reglamentación ni son objeto de impugnación, pero el gobierno no avanza. La sociedad civil ha reclamado que el proceso no se detenga pero todavía no existen novedades oficiales y la democratización de la comunicación uruguaya espera por los lentos tiempos de la Justicia.

* Coordinador del área de Libertad de Expresión del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y Director de Sudestada.com.uy

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