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La independencia de las autoridades regulatorias europeas: estudio del Observatorio Audiovisual Europeo

El Observatorio Audiovisual Europeo publicó el informe La independencia de autoridades regulatorias en Europa que analiza en forma comparativa el diseño y prácticas de nueve agencias en relación a los criterios de independencia establecidos en la Directiva de Servicios Audiovisuales y los instrumentos provistos por el Consejo de Europa.

Los nueve casos estudiados son Bosnia- Herzegovina; España; Hungría; Irlanda; Italia; Países Bajos; Polonia; Suecia y Eslovenia. Los criterios de análisis para el estudio de los casos y su comparación se centró en analizar: la distinción jurídica e independencia funcional de los reguladores; la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de poder; la definición de competencias, poderes y rendición de cuentas; la existencia de recursos humanos y financieros adecuados; los poderes para hacer cumplir las leyes; y los procedimientos de nombramiento y remoción de funcionarios.

El estudio revela que varios países cuentan con altos niveles de independencia funcional. Es el caso de España, Eslovenia, y Bosnia- Herzegovina. Sin embargo, en el último caso, el regulador está expuesto a influencia política debido a la naturaleza de los nombramientos de los funcionarios.

Mientras tanto, y a pesar de que en Suecia y Países Bajos la regulación nacional no cuenta con garantías expresas de independencia, se observa una independencia de facto en su accionar. En cambio, en Polonia y Hungría, la ausencia de regulación se traduce en la exposición de los reguladores a presiones políticas.

Los procedimientos de nombramiento y remoción de funcionarios aún permanecen expuestos a influencia política en algunos de los casos. Si bien en Suecia era frecuente que miembros del Parlamento participen de la Comisión de Radiodifusión, esta práctica ya no sucede a pesar que no hay ninguna regla específica que lo prohíba.

En relación a la transparencia, el informe indica que la mayoría de países estudiados presenta niveles satisfactorios en lo referente a la puesta a disposición del público de documentos oficiales. El informe destaca los casos de España y Polonia, en los que particularmente hubo mejoras en este sentido.

En relación a la asignación de competencias, mientras que en los Países Bajos y España hay reguladores convergentes que supervisan el sector audiovisual y otros servicios como telecomunicaciones o medios, en Irlanda, Hungría y Bosnia-Herzegovina, los reguladores tiene competencias y poderes sobre el sector audiovisual definidos de modo claro en la regulación.

Respecto de la rendición de cuentas, los reguladores tienen que rendir cuentas a los gobiernos locales u otras agencias gubernamentales a través de informes anuales e incluso, auditorías financieras. El informe señala que en varios casos (Países Bajos, Hungría, Polonia, Irlanda, España y Suecia), los requisitos de transparencia se superponen con estas obligaciones de rendición de cuentas.

Por otra parte, aunque en países como Bosnia y Herzegovina, Polonia y Suecia, los recursos son adecuados, varios reguladores enfrentan desafíos en relación a los recursos financieros y humanos necesarios para el cumplimiento de sus tareas.

Finalmente, el estudio destaca que todos los reguladores de los países estudiados cuentan con poderes adecuados para hacer cumplir las leyes y la mayoría respetan los requerimientos establecidos en la Directiva de Servicios Audiovisuales y otros instrumentos regionales de proveer mecanismos de apelación a sus decisiones.

 

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