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La reducción del tiempo fiscal para emisoras de radio y TV en México es una medida política que viola el derecho a la información según AMEDI

La Asociación Mexicana de Derecho a la Comunicación (AMEDI) considera que el decreto presidencial que reduce el tiempo fiscal a los concesionarios de radio y televisión “es una medida política, no económica”, que debilita la capacidad de comunicación del Estado y viola el derecho a la información de la sociedad.

La semana pasada se publicó en el boletín oficial el decreto presidencial que reduce el tiempo fiscal a los concesionarios de radio y televisión pasando de 18 a 11 minutos en televisión y de 35 a 21 minutos para la radio. A su vez, se redujo  en un 40% el impuesto “en especie” que pagan las emisoras privadas comerciales de radio (40%) y TV (38,88%).

“Al reducir tiempo fiscal a los concesionarios, las instituciones públicas, ante la necesidad de comunicar asuntos de interés general, estarán orilladas a comprar espacios a costa del erario”, sostiene AMEDI.

La Asociación plantea que “la reducción del tiempo fiscal es una medida política, no económica, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión [LFRT] establece un equilibrio entre la publicidad y la programación. Las estaciones de radio y canales de TV sólo pueden comercializar el tiempo autorizado por el artículo 237 de la LFRT: para canales de TV 18% y para estaciones de radio 40% del total de tiempo de transmisión”.

“Aunque el nuevo decreto reduce el tiempo fiscal, vuelve a los tiempos originales de 18 minutos en TV y 35 minutos en radio del decreto de 2002, para que el Instituto Nacional Electoral administre los 48 minutos que ordena el artículo 41 de la Carta Magna durante los procesos electorales”, advierte.

AMEDI dice que “es inadmisible que en medio de la crisis de salud y frente al reto económico que le acompaña, el único incentivo fiscal que proponga el Presidente de la República sea sólo en beneficio de los empresarios de la radio y la televisión”.

Además se plantean que el decreto presidencial debilita la capacidad de comunicación del Estado sobre temas relevantes, de interés general, como lo es la pandemia de COVID-19.

“El decreto transgrede la separación de poderes y la autonomía de los entes porque al reducir el tiempo fiscal debilita su capacidad de comunicación social a través del uso de los medios electrónicos concesionados sobre temas relevantes de interés público”, concluye AMEDI.

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