Un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH reconoció avances de Chile en materia de radiodifusión comunitaria, pero advierte que las políticas actuales siguen siendo insuficientes para fortalecer el sector
En su informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Chile, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que si bien el Estado ha implementado acciones para fortalecer los medios comunitarios, las medidas “resultan insuficientes ante la magnitud de los desafíos históricos y estructurales”.
Entre los principales obstáculos, el informe de la RELE señala haber recibido reportes por la falta de financiamiento estable para el sector, restricciones normativas, la discrecionalidad estatal en los procedimientos de sanción o cierre, y las dificultades persistentes para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico.
El organismo instó a Chile a profundizar las reformas que promuevan la pluralidad y garanticen condiciones equitativas para los medios comunitarios y, entre sus recomendaciones, la RELE llama a crear fondos públicos dirigidos y estímulos destinados a fortalecer los medios comunitarios y mejorar la calidad de sus contenidos, así como a eliminar las barreras normativas que impiden el ingreso de nuevos actores al espectro, específicamente solicitando “reformar los procesos de concesión para reservar una cuota específica de frecuencias para medios comunitarios y regionales”.
También propone reformar los procesos de concesión para reservar una cuota de frecuencias para medios comunitarios y regionales, y mantener actualizada y pública la información sobre disponibilidad del espectro, ofertándola de manera transparente y periódica, en consonancia con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y derecho a comunicar. Según la RELE, existe un mapa de frecuencias acotado para comunitarios y licencias por diez años que se renuevan en concursos, lo que tensiona la permanencia de actores pequeños en un entorno de recursos escasos.
En el frente legislativo, la Relatoría valora el proyecto que busca eliminar las penas de prisión contra emisoras comunitarias sin autorización -Boletín N°10456-15- para evitar criminalizaciones desproporcionadas, un aspecto ya cuestionado por este organismo. Hoy esa conducta puede configurar delito, con penas de prisión, multas y decomiso de equipos.
El informe también recuerda los compromisos asumidos por el Estado en el caso radio Estrella de Melinka -una emisora comunitaria del sur de Chile que en XXXXX fue desconectada del suministro eléctrico que permitía su operación por un alcalde local molesto por su línea editorial, tales como-: ampliar el uso de la banda FM para permitir alojar más emisoras comunitarias, eliminar las penas de prisión por radiodifusión sin autorización, implementar un plan de formación y certificación para radios comunitarias; y habilitar concesiones experimentales para nuevos proyectos comunitarios, entre otros.
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