María Soledad Segura**/Argentina, mayo 2016.
Si aceptamos que las políticas de comunicación responden al modelo de sociedad que se pretende construir, no sorprende que, a poco de asumir, el nuevo gobierno argentino haya realizado cambios sustanciales en la regulación de las comunicaciones. Éstas y otras medidas impactan en los medios comunitarios, populares, alternativos y cooperativos.
Los decretos de necesidad y urgencia 13 y 267 modifican la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que reconoce a las entidades sin fines de lucro como prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, les reserva un tercio del espectro radioeléctrico, establece un fondo de fomento y les otorga representación en el consejo del organismo regulador. Si bien los DNU no reforman los artículos específicamente referidos a los medios no lucrativos –excepto a las cooperativas que proveen televisión por cable-, es claro que se fundan en el paradigma de la comunicación como mercancía y no como derecho humano. Se abrió entonces una nueva etapa para los medios del sector social de Argentina.
Las nuevas políticas de comunicación incluyen la parálisis del Fondo de Fomento Concursable de los Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). El nuevo organismo de regulación de la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, el ENACOM, no sólo no abrió nuevas líneas de fomento, sino que también adeuda pagos en proyectos adjudicados. Asimismo, la Dirección de Proyectos Especiales, encargada del desarrollo del Fondo, sufrió un achicamiento importante. Es sintomático también que la información sobre los proyectos concursados que tenía el sitio web del anterior organismo regulador, la AFSCA, ya no esté disponible on line. AMARC-Argentina calcula que “sólo en este concepto el Estado adeuda a las diversas radios integrantes de la red una suma mayor a 5 millones de pesos”. Estos fondos adjudicados mediante concursos públicos, habían permitido a comunitarios y de pueblos originarios mejorar su posición en un mercado hipercompetitivo: equiparse, producir contenidos, contratar servicios, regularizar su gestión.
Considerando los cambios de prioridades en las políticas públicas y el desmantelamiento de algunas áreas del Estado, existe incertidumbre sobre la continuidad de programas destinados al desarrollo de radios populares, campesinas e indígenas, e implementados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Defensoría del Público, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el Ministerio de Cultura y otros organismos nacionales.
Por otra parte, los aumentos en las tarifas de electricidad redundan en un incremento de los costos de producción de los medios alternativos en un contexto de devaluación e inflación. Según datos recopilados por Larisa Kejval, dos radios comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires sirven de ejemplo: de pagar $3.700 mensuales, la de mayor alcance pasó a pagar $12.000; y de pagar $2.500 bimensuales, la de menor alcance pasó a pagar $5.000 mensuales. Como consecuencia de esto, FM Fribuay, una radio popular del conurbano bonaerense, se vio forzada a dejar de transmitir de noche.
Este nuevo escenario encuentra a la mayoría de los medios sin fines de lucro en una situación de legalidad todavía precaria: unos con licencias ganadas recientemente pero aún sin habilitación para operar, otros con permisos precarios –y algunos con reserva de frecuencia a futuro-, o sin ningún tipo de título que les permita operar legalmente, según Martín Becerra, Agustín Espada y otros. Si bien en los últimos años se entregaron licencias y habilitaciones para funcionar, la no realización del plan técnico de frecuencias de radio constituyó un obstáculo para mensurar el 33 por ciento del espectro que la Ley 26522 ordena reservar para estos medios, e impidió realizar concursos en las grandes ciudades donde hay saturación del espectro. Donde se hicieron concursos, faltó avanzar en ampliar aún más las condiciones diferenciadas para estas emisoras, plantearon integrantes de estos medios como Natalia Vinelli. Estas condiciones hicieron posible, por ejemplo, que la Justicia obligue a entregar sus equipos de transmisión al canal alternativo de Ciudad de Buenos Aires, Antena Negra TV, e impute al presidente de la cooperativa por interferencias.
En lugar de resolver estos problemas, el DNU 267 los acentúa. Sube los topes de concentración de la propiedad de radio y televisión abierta y los elimina en TV por cable, permite la propiedad cruzada entre empresas audiovisuales y de telecomunicaciones, extiende el plazo de explotación de todas las licencias audiovisuales en vigor y permite que soliciten una prórroga de 10 años en el vencimiento de licencias. Además, el ENACOM dejó sin efecto los planes de desinversión presentados por los grupos de medios que excedían los límites establecidos por la Ley Audiovisual. De este modo, como advierte Miguel Rodríguez Villafañe, en las llamadas zonas de conflicto no se liberarán frecuencias que puedan ser utilizadas para hacer la reserva de espectro para los medios no lucrativos.
El canal digital número 33 concursado por Barricada TV -uno de los tres primeros canales sin fines de lucro en resultar adjudicatarios de licencias en televisión digital abierta en baja potencia- está ocupado actualmente por Canal 13 cuando una resolución de AFSCA lo ubica en el número 35. En estas condiciones, la recepción de sus señales resulta claramente dificultada: estos medios deben transmitir con una potencia de 150 vatios, mientras que Canal 13 lo hace con 12.500. A la fecha no hubo respuesta oficial. El Espacio Interredes, que reúne a las asociaciones de medios comunitarios y cooperativos, reclamó al ENACOM la habilitación definitiva de los tres canales.
Además, las asociaciones de medios comunitarios perdieron representación en el Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (COFECA), cuando éste fue disuelto por el DNU 267. Esto implicó la pérdida de un canal formal de participación e incidencia social en la formulación de políticas de comunicación.
No obstante, el nuevo escenario también encuentra a las radios y televisoras no lucrativas fortalecidas en sus articulaciones políticas. Desde 2009, se incrementaron sus asociaciones nacionales y regionales. Además, este año, para hacer frente al impacto de estas nuevas políticas, se formó el Espacio Interredes que las reúne, y algunas de ellas integran la Coalición por una Comunicación Democrática que se volvió a movilizar y ahora impulsa los Nuevos 21 Puntos por una Comunicación Democrática.
Las políticas de legalización y fomento de los medios comunitarios son necesarias para garantizar los principios de diversidad, participación, acceso, equidad y pluralidad del sistema mediático en democracia. En la Argentina actual, ante la creciente uniformización de la línea editorial de las principales empresas de medios y los medios estatales que ocultan o minimizan de manera flagrante hechos de enorme trascendencia social, sumada al cierre de medios, despidos, precarización laboral y/o persecución sindical de más de 2500 trabajadores de prensa, estas políticas resultan, además, urgentes.
** Docente de la Universidad Nacional de Córdoba
e investigadora de Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina.
*Este texto es una versión ampliada y actualizada de “Medios Comunitarios”, publicado el 27 de abril en Página/12 por Ana Laura Hidalgo, Larisa Kejval, Alejandro Linares, Verónica Longo, Segura y Natalia Vinelli, integrantes del grupo del proyecto de investigación “Las radios y televisoras comunitarias desde la Ley 26522. Condiciones, estrategias y desafíos”, financiado por CONICET y la Defensoría del Público; y toma referencias del libro “Medios sin fines de lucro entre la Ley Audiovisual y los decretos. Estrategias, desafíos y debates en el escenario 2009-2015” editado por Segura y Cintia Weckesser este año.
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