Meta comenzará a eliminar de su Biblioteca de Anuncios los contenidos políticos que hayan superado los siete años de almacenamiento. La medida afecta uno de los pocos archivos públicos que permiten conocer qué mensajes circularon, quién los financió y a quiénes estaban dirigidos. La desaparición de este registro plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas de las campañas electorales en plataformas.
Meta anunció que comenzará a eliminar de su Biblioteca de Anuncios aquellos anuncios políticos que hayan cumplido con el plazo de siete años previsto para su almacenamiento —es decir, que hayan vencido o expirado, de acuerdo con lo fijado por la compañía desde el inicio—, una medida que marca un giro en su política de transparencia implementada desde 2018. Hasta ahora, esta base de datos funcionaba como el único archivo digital público y sistemático sobre publicidad política en plataformas digitales, brindando acceso a información clave sobre los mensajes electorales, su financiamiento y segmentación.
La empresa —en ese entonces, Facebook— había creado esta herramienta como una respuesta a las presiones del Congreso estadounidense, que en ese momento impulsaba la Ley de Anuncios Honestos tras revelaciones sobre injerencia extranjera en las elecciones de 2016. Aunque ese proyecto de ley no fue aprobado, incentivó a las grandes plataformas como Meta y Google a implementar mecanismos de transparencia.
La decisión de Meta plantea serias dudas sobre el acceso a información clave para comprender el funcionamiento de las campañas políticas en entornos digitales. Al eliminar los anuncios archivados, ya no será posible conocer ni analizar los contenidos que se difundieron a través de esas campañas, lo que limita el escrutinio público sobre los mensajes políticos que circulan en las plataformas.
La pérdida de este registro no solo afecta la memoria digital electoral, sino también la posibilidad de ejercer un monitoreo sobre cómo se comunica, persuade o manipula en contextos electorales. Por ejemplo, la campaña de Kamala Harris publicó anuncios pro israelíes dirigidos a los votantes de Pensilvania en Facebook, al mismo tiempo que publicó anuncios sobre la devastación en Gaza dirigidos a los votantes de Michigan.
“¿Retroceso o evolución para la transparencia digital?”, se preguntó Carolina Bazante, directora de Lupa Media, en su cuenta de X. “Esta base de datos ha sido fundamental para saber un poco más sobre quién financia qué, a quién se dirige y qué mensajes se impulsan en campañas políticas. […] Sin transparencia en la publicidad digital, se vuelve más difícil detectar manipulación, desinformación o uso abusivo de fondos. Y sin archivos públicos, también se borra la memoria de las campañas, lo que debilita la rendición de cuentas.”
En países como Ecuador, el impacto de esta herramienta ha sido especialmente relevante. Según datos recopilados por Lupa Media a través de la Biblioteca de Anuncios, en los últimos cinco años se han invertido 13,9 millones de dólares en publicidad política y electoral digital en ese país. El principal anunciante ha sido el actual presidente, Daniel Noboa, con casi 1,9 millones de dólares gastados en ese rubro.
La decisión de Meta es prueba de la fragilidad del acceso a la información sobre campañas políticas en entornos digitales. En ausencia de archivos públicos permanentes, el conocimiento sobre qué mensajes circularon, a quiénes estaban dirigidos y quién los financió queda sujeto a decisiones empresariales, lo que debilita la transparencia en procesos electorales.
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