Según las organizaciones mexicanas Artículo 19 y Fundar, la concentración en la asignación de publicidad oficial durante 2022, así como la no ejecución de todo el presupuesto asignado para este recurso, puede impactar en la sostenibilidad de los medios de comunicación y “limitar la diversidad de voces y puntos de vista que se promueven en el panorama informativo del país”
Un informe divulgado por las organizaciones Fundar y la oficina de Artículo 19 en México y Centroamérica sostiene que del total del presupuesto de publicidad oficial asignado por el gobierno de México durante 2022, solamente se ejecutó el 76% -unos 142 millones de dólares-, pero esos recursos se concentraron en unos pocos medios. Al mismo tiempo, las radios comunitarias obtuvieron apenas el 0.85% del total.
Sólo tres medios, Televisa, TV Azteca y La Jornada recibieron más del 28% de este recurso -unos 40 millones de dólares-. Junto a otros siete medios acapararon el 53% del total asignado -75 millones de dólares-. Según las organizaciones, esta concentración “afecta directamente a la pluralidad de la información y la libertad de expresión”.
El informe también destaca que el monto que recibieron las radios comunitarias -si bien está dentro del tope de 1% que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece para estas concesionarias-, es una distribución que proviene de una norma “arbitraria y discriminatoria que provoca una subrepresentación de sectores, grupos y comunidades históricamente discriminados en el panorama mediático”.
“Es necesario impulsar una distribución más equitativa y transparente de los recursos públicos destinados a la comunicación social, con el fin de fomentar la diversidad informativa y garantizar el acceso a una información plural”, aseguraron desde las organizaciones.
Artículo 19 y Fundar resaltan que el subejercicio -no se ejecutó todo el presupuesto- “limita la capacidad de los medios de comunicación para acceder a dinero que les permita mantener su operación”, ya que la publicidad oficial es una fuente relevante para la sostenibilidad de los medios de comunicación, especialmente para los independientes o más pequeños.
Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) pronunció que la Ley General de Comunicación Social de 2018 que, entre otras cuestiones regula el gasto de publicidad oficial, era inconstitucional y debía reformarse, ya que no preveían “criterios de asignación claros y precisos”. Sin embargo, la normativa todavía no tuvo cambios.
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