“Es posible que el negocio haya cambiado, como plantean los canales privados, y que la medida del ‘must-carry’ tenga que evaluarse en este nuevo contexto. Pero no le correspondía a la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia apartarse de su mandato legal para dar ese giro”.
Carlos Cortés*/ Colombia, octubre 2014
Después de una prolongada espera, la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia (ANTV) tomó una decisión sobre la inclusión de los canales abiertos en los servicios de televisión por suscripción. Decidió pero no resolvió: usando un lenguaje enrevesado, abrió nuevos interrogantes, y donde tuvo algún nivel de claridad, optó por reinterpretar una ley que venía aplicándose de otra forma desde 2001.
Empecemos con un repaso: desde que los canales privados de radiodifusión abierta –RCN y Caracol– empezaron a funcionar, hace más de diez años, los operadores de televisión por suscripción vienen incluyendo esas señales en su parrilla de programación sin contraprestación alguna. Lo hacen en virtud de la obligación de ‘must-carry’, o ‘deber de transportar’, de la Ley 680 de 2001. Esta norma, como su nombre lo indica, dispone que la TV cerrada debe incluir las señales abiertas –privadas y públicas– para asegurar una mayor oferta y una mayor penetración de los contenidos nacionales.
No obstante, en abril de 2014 RCN y Caracol exigieron un pago mensual[2] a los operadores de televisión paga –a razón del número de suscriptores de cada uno– por la señal en HD (alta definición). RCN pidió unos 40 centavos de dólar por suscriptor y Caracol, aproximadamente 30. Con 4,7 millones de abonados, esto sumaría unos 3,3 millones de dólares mensuales.
Ante la negativa de los segundos, la señal fue retirada de los servicios cerrados. Durante el Campeonato Mundial de Fútbol fue restablecida, pero una vez que Alemania levantó la copa, salió nuevamente de la programación por suscripción, con el elemento adicional de que los canales pusieron un ultimátum para retirar también la señal estándar (para una explicación más detallada sobre el problema, ver www.tvabiertaparatodos.com).
El 22 de septiembre pasado, la ANTV dio a conocer la resolución N°2291 que, en teoría, resuelve el problema. Primero, ordena que los operadores de televisión cerrada distribuyan la señal de los canales de televisión abierta sin que implique un costo para los suscriptores. Segundo, afirma que esa obligación se llevará a cabo “con los contenidos del canal principal digital en el formato que el operador de televisión abierta escoja” –es decir, RCN o Caracol– “atendiendo la tecnología que tenga cada usuario de televisión cerrada”. Y tercero, dispone que los canales abiertos, bajo el pretexto de la cancelación de derechos económicos, “no podrán negar su consentimiento previo y expreso a los operadores de televisión cerrada” para la transmisión de la señal .
Tratemos de entender las decisiones de la ANTV. La primera parece clara: el ‘must-carry’ se mantiene. Según el artículo 11 de la Ley 680 de 2001 “los operadores de televisión por suscripción deberán garantizar sin costo alguno a los suscriptores, la recepción de los canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y municipal (…)”. En 2003 la Corte Constitucional revisó esta norma y la declaró ajustada a nuestra Constitución. Se trata de una medida de interés general que busca asegurar el pluralismo informativo y que no resulta desproporcionada para ninguna de las partes. En el caso de los operadores de TV por suscripción, no tienen que comprar la señal; simplemente, retransmitirla. En principio, parecería que la ANTV incorpora esa interpretación.
Los siguientes puntos, sin embargo, no solo contradicen esa regla sino que resultan absolutamente ambiguos. Por una parte, la ANTV decidió que la obligación de ‘must-carry’ se cumplirá con el canal principal de RCN o Caracol en el formato que ellos escojan. ¿De dónde salió de eso? De una norma que encontraron en el camino y que no tiene relación con el ‘must-carry’. Según el Acuerdo 002 de 2012 de la Comisión Nacional de Televisión (organismo que precedió a la ANTV), los canales privados abiertos, como operadores de su múltiplex, pueden transmitir sus señales en la configuración que consideren pertinente. RCN y Caracol, por ejemplo, transmiten su señal principal en HD. Esta norma no guarda relación alguna con el ‘must-carry’, que no hace distinción de formato o de tecnología. La ANTV la introduce y, de paso, le otorga a los canales abiertos la potestad de decidir qué señal entregan
Por otra parte, y más confuso aún, la decisión sobre el formato debe hacerse “atendiendo” la tecnología que cada usuario de televisión cerrada tenga. ¿Quiere decir que si yo tengo un servicio de HD con Directv entonces Caracol o RCN puede obligar a esa empresa a que me entregue la señal en HD, sin importar el servicio que yo haya contratado? ¿Implica que estos canales privados pueden hacer acuerdos exclusivos con uno u otro operador para autorizar la transmisión de su señal en HD?
La cosa se enreda más con el tercer punto. La ANTV no dijo expresamente –como debió hacerlo– que la transmisión de la señal no genera contraprestación económica, que es el punto central que generó todo este debate. En cambio, dijo, casi en clave, que los canales abiertos no pueden negarse a autorizar la transmisión de la señal con el pretexto de los derechos económicos. ¿No pueden cobrar? ¿O sí pueden cobrar, pero sin suspender la autorización?
Sujetar la norma del ‘must-carry’ a la potestad de los canales abiertos, a cobros o a acuerdos exclusivos, equivale a acabarla. Eso es lo que quieren hoy RCN y Caracol, pero jamás lo habrían pensado a finales de los noventa y comienzos de este siglo. Que los servicios por suscripción llevaran sus señal en esa época fue fundamental para que construyeran su enorme audiencia y obtuvieran mayores ingresos. Para los canales públicos –nacionales y regionales–, por su parte, ha sido la mejor plataforma para asegurar una difusión que sujeta a criterios comerciales no podrían tener. Y para la ciudadanía en general, cuyo 81% consume televisión a través de sistemas cerrados y que solo en algunas ciudades puede acceder a la televisión digital terrestre, el ‘must-carry’ ha sido una póliza a favor del acceso diverso a contenidos.
Es posible que el negocio haya cambiado, como plantean los canales privados. Es posible que la regulación sobre televisión necesite actualizarse, y que la medida del ‘must-carry’ tenga que evaluarse en este nuevo contexto (yo considero que debe mantenerse). Pero no le correspondía a la ANTV apartarse de su mandato legal para dar ese giro. Mucho menos aceptable ha sido la táctica de coerción que adelantaron RCN y Caracol, que desde que iniciaron esta pelea están incumpliendo su obligación legal. Si en alguna parte debe darse esta discusión, es en el Congreso, de cara a la sociedad civil. La televisión es un negocio, claro, pero también es un servicio público y un desarrollo de la libertad de expresión.
*Carlos Cortés es investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo; asesor en regulación de medios y tecnología.