Periodistas, representantes de medios y destacados abogados del país coincidieron en afirmar que el proyecto de ley a estudio del Congreso de República Dominicana no busca imponer la censura, sino garantizar derechos en el nuevo entorno comunicacional actualizando una anacrónica legislación que data de 1962
República Dominicana avanza en el debate público sobre el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que propone reemplazar la Ley Nº6132, vigente desde 1962, por un marco normativo más actualizado y compatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La iniciativa gubernamental fue ingresada en mayo al Senado y plantea una regulación de los medios audiovisuales e incluye disposiciones que alcanzan a las plataformas digitales.
En este contexto, las Escuelas de Derecho y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) organizaron un conversatorio académico que reunió a periodistas, editores y juristas para analizar el contenido y los alcances de la propuesta.
Durante el encuentro, se destacó de forma unánime que el proyecto no establece censura previa, sino que reafirma la libertad de expresión en su doble dimensión (individual y social), y establece responsabilidades posteriores a la difusión de contenidos. Los participantes coincidieron en que muchas de las críticas que ha recibido la iniciativa provienen de una lectura parcial del texto o de la desinformación sobre su contenido.
El periodista Fausto Rosario, director del diario Acento, remarcó la urgencia de una nueva legislación que actualice el marco normativo vigente, aprobado en un contexto radicalmente distinto, sin redes sociales ni plataformas digitales.
En la misma línea, Aníbal de Castro, director de Diario Libre, sostuvo que el proyecto “resulta necesario y beneficioso para los periodistas”. Subrayó que tiene que haber “restricciones porque el derecho propio termina donde comienza el del otro. Uno puede decir lo que uno quiera, pero tiene que asumir la responsabilidad”, afirmó. No obstante, aclaró que esa responsabilidad no configura una censura, algo que está condenado en la misma Constitución.
Desde el plano jurídico, el abogado Eric Raful resaltó que el proyecto no limita derechos, sino que avanza en su protección, particularmente en lo referido a los usuarios. Citó como ejemplo la regulación vigente en la Unión Europea, donde ya se imponen obligaciones de transparencia a las grandes plataformas digitales.
En ese sentido, el proyecto dominicano introduce obligaciones para plataformas como Facebook, X e Instagram, que deberán contar con representación legal en el país y cumplir criterios de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, reconoce derechos específicos de las audiencias —incluidos niñas, niños y adolescentes en los servicios audiovisuales— y consagra el acceso a Internet como un derecho.
Raful también destacó la propuesta de creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un organismo autónomo y descentralizado que supervisará la aplicación de la nueva norma. Además, valoró positivamente que el texto garantice el derecho de los medios a preservar sus archivos informativos en línea como parte del derecho a la información.
Finalmente, la abogada Jimena Conde, integrante de la Comisión Consultiva de la Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales —encargada de la redacción del anteproyecto—, enfatizó que “regular no es censurar” y rechazó que la propuesta atente contra la libertad de expresión.
ENLACES RELACIONADOS:
Proyecto ley de libertad de expresión “no es una guerra entre redes sociales y medios tradicionales”
¿Censura o regulación necesaria? Expertos debaten proyecto de ley sobre libertad de expresión
Analizan las implicaciones del proyecto de ley de libertad de expresión