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OBSERVACOM: proyecto de ley TIC en Colombia mantiene incompatibilidades con estándares internacionales de libertad de expresión

“Queremos destacar públicamente que el gobierno de Colombia haya incorporado como prioritario el cierre de la brecha digital y la garantía del acceso universal a Internet como objetivos del proyecto de Ley de Modernización TIC… sin embargo, las herramientas elegidas son insuficientes y algunas, incluso, incompatibles con los estándares internacionales establecidos por UNESCO y por la Relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señaló Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM durante el debate público sobre el Proyecto de Ley 152, que se realizó el 13 de marzo en Bogotá, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y OBSERVACOM.

Entre los principales puntos del proyecto que contravienen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, Gómez apuntó que el gobierno tomaría a su cargo competencias que actualmente son de la Agencia Nacional de Televisión (ANTV), un organismo independiente, en aspectos sensibles de la regulación de medios de comunicación: el gobierno sería el encargado del control y la vigilancia de los medios de comunicación audiovisuales; otorgaría directamente los permisos de uso de frecuencias para radio y TV; y asignaría de manera directa y discrecional los recursos de un Fondo público para la TV.

Asimismo, el proyecto de Ley crea un organismo regulador que no será independiente, en tanto el gobierno definirá, directa o indirectamente, a la mayoría de sus miembros.

Otra de las ausencias del proyecto de Ley señalada por OBSERVACOM tiene que ver con el tratamiento de los servicios audiovisuales a través de Internet (OTT audiovisual). “Europa ya tiene hace más de 10 años una Directiva que ya no habla de TV sino de servicios audiovisuales e incorpora la distinción entre servicios lineales y no lineales… Colombia debería seguir la experiencia europea y no solo plantear una regulación desde el punto de vista impositivo para los prestadores de servicios por Internet bajo demanda”, aseguró.

Amalia Toledo, Coordinadora de proyectos de Fundación Karisma, manifestó su preocupación porque el proyecto pone el foco en incrementar la conectividad pero no la comunicación. “El proyecto habla de modernizar el sector con un solo modelo… es una mirada cortoplacista… [en el proyecto] no se incluyen otras miradas que ya se han identificado: redes comunitarias, wifi público y white spaces”, explicó.

“Queremos que la gente tenga acceso significativo, no que se conecte, el acceso significativo es aquel que permite que la conectividad sea asequible y generalizada. Estas redes pueden ayudar al acceso significativo, a que las personas puedan beneficiarse participando de la esfera pública. Participación ciudadana y política, no solo redes sociales sino ejercer derechos”, enfatizó.

Pedro Vaca, Director de la FLIP, criticó la falta de socialización del proyecto de ley con la sociedad. “Pedimos una mesa técnica pero aún no hubo respuesta”, aseguró. Sobre el articulado del proyecto, Vaca explicó que la iniciativa gubernamental invoca a la OCDE pero desatiende sus recomendaciones. En este sentido se refirió a la composición del nuevo regulador convergente cuya mayoría de sus miembros (“cuatro y medio” de un total de cinco) serán elegidos o tendrán vínculos con el Ejecutivo.

Al igual que Gómez, el Director de FLIP apuntó a la concentración del poder en el gobierno, lo que ilustró al señalar, por un lado, que el Ministerio TIC y el Ejecutivo serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las contraprestaciones y obligaciones de los actores del mercado. Por otro lado, enfatizó en la eliminación de ANTV y el traslado de sus funciones al nuevo organismo convergente y al Ministerio TIC, lo que desde su perspectiva, genera un “potencial de censura en la propuesta”.

Luego de las presentaciones de la sociedad civil fue el turno del gobierno. El Viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, defendió el proyecto explicando que “hay más de 13 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza. Hay más de 20 millones de personas no conectadas y 9 millones que no acceden a medios de comunicación. Esa es la razón de ser de esta reforma”. “El debate no es tecnológico, pasa por una defensa a la libertad de expresión. El debate es el desarrollo social y económico de la nación”, enfatizó.

A partir de las intervenciones de los representantes de las organizaciones, el Viceministro se centró en cuatro aspectos del proyecto: el financiamiento, la independencia y composición del regulador, y el régimen de licenciamiento.

En relación a la financiación, Mantilla dijo que “hoy está el fondo de TIC y el de la TV. Este último está en crisis. El fondo TIC no reduce la tasa de contraprestaciones de los privados. La idea es llevar a que sea un fondo único”.

En cuanto a las críticas sobre la falta de independencia del regulador convergente dijo “¿cómo se le da la independencia en Colombia a una institución? Los invito a que revisen el artículo 15 del proyecto de ley. A la CRC se le dota de la misma independencia que la ANTV”.

Respecto de la composición del regulador, Mantilla planteó que “hoy depende del Ejecutivo. Hoy hay cinco comisionados completamente dependientes del PEN. El Proyecto de Ley acaba con los delegados. Deben representar a toda la Nación. Dos miembros son elegidos por PEN, dos por concurso público que hace la Función Pública. Cualquiera se puede presentar siempre que cumpla con los requisitos. Están escritos en la ley… la ley no está sujeta a la interpretación de cada Presidente… El quinto comisionado es un delegado de la TV pública. La autonomía se ratifica en el proyecto, no puede intervenir en la parrilla de contenidos. Solo dos de cinco comisionados son nombrados por este gobierno. Es decir, minoría”.

Se puede acceder al video del debate aquí

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