La OCDE se suma a la lista de organismos internacionales que critican la falta de independencia en el diseño institucional del regulador “convergente”, propuesto por el proyecto de ley de Modernización TIC del gobierno de Colombia.
“Si bien la creación de un regulador convergente es un aspecto muy importante del proyecto de ley, actualmente tiene algunas debilidades con respecto a su independencia que deben corregirse… A pesar de las múltiples fortalezas de las normas TIC en política y marco regulatorio, su debilidad más significativa es la ausencia de un regulador independiente”, señala el documento de OCDE.
En consecuencia se indica que “es necesario revisar una serie de puntos del Proyecto de Ley para garantizar la creación de un regulador independiente y evitar que el Ministerio asuma funciones que correspondan a aquellas del regulador”.
El proyecto “estipula un nuevo conjunto de atribuciones al MINTIC que afectaría la independencia del regulador”, por ejemplo, el poder del Ministerio para revocar el permiso para usar el espectro radioeléctrico.
Que el MINTIC asigne los permisos para la utilización del espectro radioeléctrico “disminuye la independencia del regulador. Estas funciones no deberían estar en cabeza del gobierno”, explica el informe.
Además se sostiene que el MINTIC «no debería intentar cumplir con las funciones de inspección, vigilancia y control» que se le habían asignado a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). En cambio, éstas «deben ser realizadas exclusivamente por el regulador, que debería ser una entidad independiente del Ministerio y una institución no política”.
Por otra parte, la OCDE explicita sus reparos respecto de la creación la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) como regulador convergente en la medida que no integra a la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
“La ANE debe ser una parte integral de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y toda la regulación del espectro, incluyendo la provisión de títulos… su exclusión del regulador convergente aumenta los costos administrativos en el sector, produce ventanas dobles y triples entre las entidades administrativas y limita un potencial aumento en la eficiencia, la productividad, la competitividad y el bienestar del sector”, según OCDE.
“En consecuencia, todas las funciones actuales relacionadas con el espectro que son tratadas por MINTIC deben otorgarse al regulador convergente… sería mejor tener un regulador convergente que fusione el CRC, la ANTV y la ANE», dice la OCDE en su informe.
Sobre el financiamiento del regulador, OCDE considera que “el regulador debería ser financiado de manera independiente del Ministerio (…) para evitar que el gobierno controle indirectamente la financiación del regulador y afecte su independencia”.
En relación a la elección de los comisionados, el organismo es taxativo: “el Gobierno debe distanciarse del nombramiento directo de comisionados”.
El documento concluye que “teniendo en cuenta la necesidad de prevenir influencias indebidas y mantener la confianza en el régimen regulatorio, la elección debe ser independiente de cualquier influencia política del Gobierno o cualquiera de sus entidades adjuntas. Por lo tanto, no es recomendable que el presidente nombre directamente representantes de la Junta de comisionados como lo estipula el Artículo 17, numeral a) del Proyecto de Ley”.
OCDE considera que «debe haber un proceso de elección transparente basado en el mérito y un conjunto claro de criterios. Si Colombia quisiera involucrar al presidente en el proceso, el proceso podría consistir en la convocatoria abierta que resulte en una lista corta de candidatos que se presente al presidente como se proyecta en el numeral b) del mismo artículo del Proyecto de Ley”.
Cabe recordar que tanto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como UNESCO y organizaciones de la sociedad civil como OBSERVACOM, Fundación Karisma de Colombia, la FLIP, entre otras, han expresado sus críticas al proyecto de ley del gobierno. En coincidencia con los planteos de OCDE, los principales cuestionamientos apuntan a la falta de independencia del regulador.
La Relatoría de la CIDH apuntó a que el organismo regulador debe ser independiente del gobierno y de los sectores regulados. En tanto UNESCO enfatizó en que los fondos públicos y la asignación de espectro no debe quedar en manos de un organismo gubernamental.
Desde OBSERVACOM hemos señalado que el proyecto de ley mantiene incompatibilidades con estándares internacionales de libertad de expresión ya que el gobierno tomaría a su cargo competencias que actualmente son ANTV, un organismo independiente, en aspectos sensibles de la regulación de medios de comunicación. De acuerdo con la propuesta normativa, el gobierno sería el encargado del control y la vigilancia de los medios de comunicación audiovisuales; otorgaría directamente los permisos de uso de frecuencias para radio y TV; y asignaría de manera directa y discrecional los recursos de un Fondo público para la TV. Asimismo, el proyecto de Ley crea un organismo regulador que no será independiente, en tanto el gobierno definirá, directa o indirectamente, a la mayoría de sus miembros.
A las críticas a la iniciativa gubernamental en distintos frentes, recientemente, el senador Antonio Zabaraín de Cambio Radical solicitó en la sesión plenaria retirar la ponencia del proyecto por considerar que no hay claridad sobre distintos aspectos y que le falta ser socializado tanto entre la sociedad como en el propio Congreso.
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