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Oportunidad de cambios para las políticas de comunicación en El Salvador

El presidente electo se comprometió en campaña a promover nuevos actores en el panorama mediático. Se abre una oportunidad y tenemos que vigilar que los compromisos se cumplan.

 Daniel B. Mina*/ El Salvador/ junio 2014.

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Hace cinco años el gobierno salvadoreño del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) prometió el “cambio”, incluyendo la democratización de las comunicaciones en el país. De esa promesa, podemos rescatar como principales logros La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), y los anteproyectos de las Leyes de Radiodifusión Comunitaria y Medios Públicos, como los principales logros de la saliente administración del presidente Funes.

Este año, durante la campaña presidencial, el FMLN en su oferta electoral (pág. 100) de su Programa de Gobierno “El Salvador Adelante”, expresó claramente que promovería la conversión del espectro radioeléctrico de análogo a digital, con el propósito de ampliar la cantidad de frecuencias disponibles, mejorar su mecanismo de concesión y estimular la creación de nuevos medios.

El Presidente electo, Salvador Sánchez Cerén, en conferencia ofrecida en mayo, reafirmó: comparto que debe de democratizarse el espectro radioeléctrico…para que la población tenga más oportunidades de más información y además también sabemos que en ese radioespectro tiene posibilidades tanto el sector público, el sector privado como el sector comunitario, entonces yo creo que debe de tomarse en cuenta también los intereses, tanto de las grandes corporaciones, de las corporaciones pequeñas y también de las pequeñas empresas comunitarias porque tiene que ver con la democratización”. (Conferencia de prensa realizada el viernes 16 de mayo 2014)

De cumplir la nueva administración con sus promesas de campaña, los próximos cinco años serán cruciales para democratizar el actual sistema de medios en El Salvador. Sin embargo, en este nuevo período, se producirán al menos dos hechos relevantes que pueden impulsar o, por el contrario, obstaculizar las posibilidades de que podamos construir más democracia a partir del debate y la difusión de las ideas.

Por una parte, El Salvador tiene previsto dar el salto hacia la digitalización de la televisión hacia el 2018 y, por otra, en 2017 se podría producir la renovación automática de las actuales concesiones de las frecuencias radioeléctricas (radio y televisión) por veinte años más.

¿Qué tan trascendentales son estos dos hechos para El Salvador? La digitalización de las señales televisivas –y algunos años después de las señales de radio— abre la posibilidad de que más personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil puedan utilizar los nuevos espacios –es el llamado dividendo digital— para establecer nuevos medios de comunicación. En otras palabras, ya no serían las mismas 5 grandes empresas (oligopolios mediáticos comerciales) quienes sean dueñas de la mayoría de las frecuencias radiales y televisivas. Por el contrario, si con la digitalización se mantienen las actuales concesiones y los mismos criterios para su asignación –la subasta con sentido exclusivamente económico— el dividendo digital beneficiará a los mismos de siempre.

En cuanto a la renovación automática de las actuales frecuencias radioeléctricas, si en 2017 se pudiese abrir todas las concesiones de frecuencias de radio y televisión a concursos públicos, con sentido social y de servicio público, antes que mantener los actuales concesionarios, se podría lograr un sistema de medios de comunicación más plural y diverso, con más puntos de vista y con mayores posibilidades de democratizar las comunicaciones, coincidiendo con las relatorías de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y el de la ONU.

El vencimiento, en 2017, de los primeros 20 años de vigencia de las concesiones radioeléctricas, requiere una reforma legal que deberá ser impulsada en los próximos meses, que podría impedir la eternización en la explotación de las señales de radio y televisión, que los oligopolios mediáticos comerciales actualmente explotan al amparo de las normas vigentes.

Aunque también será importante junto con dicha reforma, fortalecer a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), órgano regulador al que hay que dotar de la suficiente independencia para evitar injerencias indebidas de los poderes económicos y gubernamentales. El reciente nombramiento del todavía presidente Funes para que Astor Escalante encabece esta dependencia confirma esta necesidad, pues es pública su cercanía con el poderoso grupo mediático Samix, uno de los mayores accionistas en corporaciones de radios comerciales.

La nueva agenda del gobierno entrante en materia de comunicaciones deberá de tomar en cuenta la subasta de los canales de televisión abierta y de cobertura nacional 7, 13, 14, 16, 18 y 20, que la SIGET anunció y que tuvo una  fuerte oposición social, primero porque se pretende hacer una licitación a unos cuantos meses de que termine las administración de Funes y porque es un mecanismo antidemocrático y excluyente, tal como lo han marcado las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas.

Por las implicaciones que tiene la subasta para la libertad de expresión es que un conjunto de organizaciones integradas en la Red por el Derecho a la Comunicación, conformada por organizaciones sociales, académicas y medios de comunicación alternativos, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad, lo cual sumado a un grupo de acciones de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación,  propició que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia atrajera el recurso, resolviendo en mayo pasado en favor de los demandantes, ordenando la suspensión de cualquier acción por parte del gobierno para llevar a cabo las licitaciones.

La pregunta que ronda en el país, es por qué el gobierno de Funes decidió licitar nuevos canales de televisión y a qué intereses responde, pues incluso el Superintendente de Competencia del actual, Francisco Díaz Rodríguez, dijo que la Ley de Telecomunicaciones, que opera desde 1997 es obsoleta, decretada sin criterios de competencia, favoreciendo la concentración económica, en referencia al mecanismo de subasta para el acceso a las frecuencias.

La oportunidad y los temas

Sostener y favorecer el desarrollo de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, hacer transparente la asignación publicitaria gubernamental como un servicio de información a la ciudadanía y distribuirla equitativamente en los distintos medios de comunicación y desarrollar un proceso de digitalización de las comunicaciones en coherencia con los intereses de la Nación, es tarea del gobierno recién electo y de las organizaciones sociales y en general de pueblo salvadoreño, hacer que se cumpla.

*Periodista del Diario Digital VOCES en El Salvador y miembro de la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación.                                                                                                         

 

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