Diversas organizaciones afirmaron en un documento que el Estado de Perú no da garantías para la diversidad y el pluralismo, lo que condiciona una libertad de expresión efectiva. Dentro de las dificultades detalladas por OBSERVACOM, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL) y el Foro por el Derecho a la Comunicación se encuentran: un alto nivel de concentración mediática, la ausencia de un sistema de medios públicos no gubernamentales y la marginación a medios comunitarios e indígenas.
La entrega de este documento se realizó en el marco de la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, en Perú, con el objetivo de relevar la situación de la libertad de expresión y de prensa en el país. Desde las organizaciones firmantes del documento se entiende que el mismo representa un insumo de utilidad para la redacción del informe con recomendaciones que el RELE emitirá al finalizar la visita.
La misión oficial de Vaca comenzó el 16 de mayo y concluirá hoy, tras tener varias reuniones con autoridades gubernamentales del Estado, periodistas, representantes de medios de comunicación y del sector académico. El Relator Especial motivó a las organizaciones de la sociedad civil, y a otras partes interesadas en la temática, a presentar información que consideren relevante para su análisis.
El documento entregado, afirma que la inestabilidad institucional, la influencia sobre el Estado de grandes grupos económicos y la desigualdad política, repercuten en la representación de los sectores mayoritarios de la sociedad peruana en el sistema mediático, por lo cual es complejo ejercer la libertad de expresión como un derecho individual, colectivo, y como medio para ejercer otros derechos.
Según las organizaciones, hay un alto nivel de concentración de la propiedad de los medios, aglutinado en pocos conglomerados y grupos multimedios, principalmente el grupo El Comercio (prensa y televisión), Andina de Televisión (Albavisión), Latina TV (ENFOCA), el grupo Radioprogramas del Perú (RPP) y Panamericana Televisión.
Estos grupos en su mayoría son de origen familiar, y tienden a “sobre-representar los intereses de las élites económicas y un sector de los grupos políticos afines, e invisibilizan y en ciertas ocasiones criminalizan la protesta social. Se destaca el caso del grupo El Comercio, que desde agosto del 2013 controla el 80% de mercado de la prensa escrita, generando un escenario cuasi monopólico, algo inédito en los países del continente con regímenes democráticos.
Asimismo, la ausencia de un sistema de medios públicos no gubernamentales provoca que no se pueda reflejar la pluralidad política y la diversidad cultural del país. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú es controlado por el gobierno de turno, quien se encarga de la designación de su directorio y se utiliza “como una herramienta mediática al servicio de sus intereses”. Si bien hay emisión de espacios en algunas lenguas originarias como el quechua y el aymara, la programación está bastante centralizada en la capital de Perú.
Por último, se visualizó una marginación de las radios y estaciones de televisión comunitarias e indígenas. Los medios comunitarios se encuentran circunscritos a zonas rurales de 10,000 habitantes como máximo, zonas de “interés social” y de fronteras. La potencia que tienen para emitir estas comunidades es mínima, por lo que no operan radios o televisoras comunitarias en ciudades como Lima, en la que por ejemplo, se concentra la mayor cantidad de quechua hablantes del Perú.
Para obtener una licencia, hay que participar en licitaciones públicas, “concursos que en realidad son subastas pues la propuesta económica tiene un peso ponderado mayor al de otros rubros como la propuesta o proyecto comunicacional”, expresa el documento.
El Estado peruano no tiene políticas que promuevan los medios comunitarios siendo los descuentos en tasas y cánones el único tipo de estrategia para “fortalecer” este tipo de medios. A su vez, cuando existieron situaciones de conflictividad social, se “les ha retirado la autorización para operar”.
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