El proyecto de Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet (PL 2630/2020) que obliga a plataformas a combatir la desinformación en redes sociales y aplicaciones de mensajería, es fuertemente cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la Coalizão Direitos na Rede (CDR), por considerar que atenta contra la libertad de expresión.
La propuesta iba a ser votada en el plenario del Senado el 2 de junio pero fue retirada de la agenda y reprogramada para el 10 de junio.
A través de su cuenta de Twitter, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, planteó que el proyecto “contiene medidas desproporcionadas que afectarán diseño de Internet: elimina anonimato en RRSS y mensajería, obliga a registrar identidad, obliga a empresas a buscar origen cada post/mensaje, crea sanciones desproporcionadas para plataformas con dos millones de usuarios”. Por eso, Lanza hizo un llamado para que su tramitación sea a través de “discusión abierta con participación de la sociedad civil y expertas/os”.
Bia Barbosa, del Colectivo Intervozes e integrante de CDR, sostuvo en a través de redes sociales que la relatoría de la iniciativa de Angelo Coronel -quien además de relator del proyecto, preside la Comisión Mixta de Fake News- recién se conoció en la madrugada del día de la votación y “los autores del proyecto Alessandro Vieira, Tábata Amaral y Felipe Rigoni tuvieron que interceder para retirarlo de la agenda y no ser vistos en el mundo como los responsables por una de las peores leyes que podrían ser adoptadas sobre el tema, acabando con la libertad de expresión online”.
El proyecto está en el centro de la política ultrapolarizada del país, aseguró Barbosa en su columna de opinión en UOL. “De un lado, bolsonaristas tildando el texto de ley de censura y haciendo acalorados discursos en defensa de la libertad de expresión -algo bastante contradictorio para un grupo que, liderado por su capitán, ataca cotidianamente, inclusive físicamente, periodistas y adversarios políticos. De otro lado, personalidades del mundo digital y militantes de izquierda apoyando arduamente un proyecto que, apuesto, en su mayoría no leyó”.
En este escenario, la CDR -que reúne 38 organizaciones académicas y de la sociedad civil- ha expresado sus preocupaciones y las limitaciones que ven al proyecto.
En primer lugar plantean que la iniciativa pone en riesgo la libertad de expresión en Internet al establecer que “con el mero ingreso al proceso judicial, la red social debe eliminar el contenido cuestionado en la Justicia para que no sea responsable si se considera ilegal” (artículo 53).
Además señalan que “el texto burocratiza al máximo el acceso a las redes sociales tratando a los usuarios como potenciales criminales. Para controlar el acceso, todos los usuarios deben enviar sus documentos para tener una cuenta en redes sociales y otros servicios online” (artículo 7)”.
En esta línea explican que “delegados y promotores tendrán acceso libre a los registros (ahora documentados) de los usuarios de internet sin un tamiz judicial” (artículo 12).
CDR afirma que el proyecto plantea un bloqueo general a las redes sociales y aplicaciones de mensajes. El proyecto “crea innumerables hipótesis que se puede dar lugar a bloqueo de los proveedores de redes sociales, abriendo un espacio enorme para la inseguridad e incertidumbre para quien trabaja dependiendo de Internet”.
Además, “el texto legitima a las redes sociales como ministerio de la verdad, legalizando sus términos de uso para derrumbar cualquier tipo de publicación que deseen (artículo 9). Incluso da poder a las plataformas para definir cuáles son los casos excepcionales y qué otros exigen una defensa previa para la remoción de contenido (artículo 10)”, sostiene el colectivo.
Asimismo el texto crea un sistema en que las personas que darán “notas” a otras y eso “generará prejuicios al que sea `mal clasificado` (art. 14 y 15). Los criterios de clasificación serán definidos por las plataformas abriendo espacio para todo tipo de abusos”.
De acuerdo con la Coalizão Direitos na Rede, “el PL legaliza las prácticas de asedio y ataque en Internet por el sistema de notas al prever que la persona sea rotulada por cualquier denuncia que recibiera, aún las infundadas y antes del análisis de mérito (art. 11). Quien tuviera puntuación baja no conseguirá que sea acceda a su contenido y puede incluso perder su cuenta”.
El informe prevé penas de prisión de tres a seis años para quienes hayan transmitido contenido sin saber si son falsos (art 47). “Una medida desproporcionada y condenada por todas las Relatorías Internacionales de Derechos Humanos”, señala CDR.
Por último la Coalición advierte sobre riesgos para el activismo y periodismo. “Sin delimitar lo que es la `desinformación´ o `contenido manipulado´, la ley usa esos términos en el nuevo encuadramiento de organizaciones criminales y lavado de dinero, abriendo un gran espacio de criminalización de cualquier activismo, movimiento social y periodístico (art. 49 y 50)”.
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