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Organizaciones sociales piden a CIDH estándares sobre la implantación de tecnologías de vigilancia

Ocho organizaciones de la región pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desarrolle estándares y recomendaciones a los estados frente al riesgo que representa la adquisición e implementación de tecnologías de vigilancia para el ejercicio de derechos humanos. En una audiencia temática, aseguraron que “la adquisición y uso de tecnologías por parte de los estados es cada vez más recurrente en la región”, un “vacío legal” que “está permitiendo que las capacidades de vigilancia masiva que adquieren los estados sometan a la ciudadanía a una vigilancia indiscriminada, que implica una interferencia sistemática en el derecho a la intimidad y sus derechos conexos”. También plantearon que los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad “resultan insuficientes para prevenir afectaciones, por lo cual existe una imperiosa necesidad de que la CIDH avance hacia la generación de estándares aplicables a los procesos en que los estados adquieren, desarrollan y utilizan tecnologías con capacidades de vigilancia”.

Los grupos que participaron de la audiencia son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Karisma de Colombia, Artículo 19 México y Centroamérica, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Derechos Digitales, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. Todos solicitaron a la CIDH, además, que adhiera al pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos respecto de la prohibición de tecnologías que no pueden operar sin cumplir con los estándares internacionales y el pedido de una moratoria inmediata para la venta y uso de tecnologías que conllevan un alto riesgo para los derechos humanos, hasta que se establezcan las salvaguardias adecuadas.

A la vez, plantearon que se exhorte a los estados a garantizar que el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia se ajuste al respeto de los derechos humanos y que cualquier injerencia en el derecho a la privacidad y otros derechos humanos esté prevista por la ley, persiga un objetivo legítimo, y cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, solicitaron que se promueva la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos respecto de quienes diseñan, desarrollan, despliegan, venden, obtienen o explotan tecnologías con capacidad de vigilancia. Un elemento clave de la diligencia debida en materia de derechos humanos debe ser la realización de evaluaciones periódicas y exhaustivas del impacto sobre los derechos humanos, según señalaron.

En la misma línea, pidieron que se inicie un proceso regional de consulta para establecer un set de directrices interamericanas que guíen los procesos de adquisición y uso de tecnologías con capacidades de vigilancia.

Particularmente en el caso de México, demandaron que se exhorte al Estado a cumplir con los compromisos para transparentar las contrataciones de sistemas de vigilancia. En cuanto a Colombia, que cese la vigilancia a partir del uso de tecnologías de fuentes abiertas, la categorización policial de contenidos como “falsos” y la asignación de calificaciones estigmatizantes o tendientes a la criminalización de quienes se expresan a través de internet.

El video de la audiencia se puede ver acá.

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