La organización peruana Hiperderecho apoyó la elaboración de un proyecto de ley para regular la transparencia del gasto de las organizaciones políticas en las redes sociales y garantizar la protección de los datos personales en la propaganda electoral. El Proyecto de Ley Nº 7907/2020-CR fue presentado por la congresista Mirtha Vásquez.
El desarrollo de la propuesta es consecuencia de dos investigaciones sobre el uso de datos personales y gastos con publicidad en las elecciones realizados por Hiperderecho – «Datos personales y elecciones» y «Restricciones a la propaganda electoral en redes sociales». De acuerdo con el análisis de la organización, “la campaña [electoral pasada] se caracterizó por una ausencia de transparencia en el gasto en redes sociales y de respeto del derecho a la protección de datos personales. Tomando esto en cuenta, esta iniciativa legislativa busca implementar una serie de modificaciones e incorporaciones necesarias a las actuales Leyes de Organizaciones Políticas y Orgánica de Elecciones”.
Si la propuesta es aprobada obligaría a las redes sociales y otras plataformas de Internet a ofrecer mecanismos de registro público de que un anuncio es político, según reglamentación, y a los candidatos a utilizar dichos mecanismos, así como a incluir los gastos en la rendición de cuentas del Portal Digital de Financiación. El incumplimiento de estas obligaciones constituiría una grave violación de la ley electoral peruana, segun la recíen protocolizada proposicion.
El proyecto de ley también establece que los recursos públicos que se utilizan para garantizar la gratuidad de la propaganda electoral en radio y televisión puedan aplicarse también a las redes sociales y plataformas digitales. Para la distribución de los recursos para las candidaturas en línea, la iniciativa establece que «la mitad de la financiación se distribuye equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos registrados». La otra mitad se distribuye proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada partido político en el Congreso de la República.
Las plataformas digitales o redes sociales interesadas en difundir propaganda electoral con financiación pública deberían registrarse en el catálogo del Portal Digital de Financiamiento (PDF) donde los partidos políticos y las alianzas electorales podrían acceder a los tiempos y espacios disponibles para la contratación de publicidad en radio, televisión y redes sociales.
Aunque la propuesta establece que el Gobierno financiará la publicidad política en Internet, no hay ningún impedimento para que las plataformas digitales y las redes sociales reciban contratos directos de los partidos y las coaliciones fuera de esa pauta. La ley actual sólo prohíbe expresamente los contratos de publicidad electoral que no sean a través de la financiación pública en radio y tv, y eso se mantiene en el proyecto de ley.
Además, el proyecto de ley establece algunas disposiciones para intentar frenar el uso malicioso de las redes sociales y la difusión de desinformación. Entre ellas, prohíbe el uso de programas informáticos, bots y cuentas no auténticas en redes sociales u otras plataformas de Internet creadas con el único fin de generar una falsa impresión de apoyo a una causa política, durante el proceso electoral.
La difusión de información deliberadamente falsa también estaría prohibida si se aprueba el proyecto de ley. Los partidos y las alianzas electorales estarían obligados a denunciar ante el Comité Técnico de Fact Checking (CTFC) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las posibles informaciones falsas que circulen sobre las elecciones.