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Presentan proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes en Argentina

El Partido Socialista de Argentina presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Comunicaciones Convergentes, que regula a los servicios audiovisuales –radio, TV abierta, paga y los servicios de video bajo demanda-, así como los de telecomunicaciones como la telefonía fija y móvil.

El documento crea el Ente Federal de Comunicaciones Convergentes, como organismo independiente del Poder Ejecutivo para  la aplicación y fiscalización de la Ley, con un directorio integrado por 7 miembros que surgirán de un concurso público de antecedentes. “Entre quienes resulten calificados en función de su desempeño profesional y sus acreditaciones académicas, el Poder Ejecutivo Nacional seleccionará a dos (2) integrantes, el Congreso de la Nación seleccionará a otros tres (3) que representarán a las tres primeras fuerzas políticas del Congreso a propuesta de los bloques parlamentarios y el Consejo Federal de Comunicaciones Convergentes seleccionará a dos (2) directores”.  Éste último tiene un rol de asesoramiento en el diseño de las políticas.

El anteproyecto prevé que la asignación de espectro se realice de acuerdo a un procedimiento de elaboración participativa de normas y de audiencias públicas y se establece un “registro único de prestación de los servicios de comunicaciones audiovisuales y de telecomunicaciones”, el cual habilita tanto a los titulares de servicios tradicionales, así como los de servicios de servicios VoD lineales pagos (los que ofrecen las empresas de TV por cable, por ejemplo Cablevisión Flow) y los de audio o video bajo demanda (por ejemplo Netflix o Spotify) que se comercialicen en el país. Para determinados servicios, no obstante, se requerirá de una licencia específica. El registro sólo se otorgará a personas con nacionalidad argentina, aunque se permite la participación extranjera en sociedad de acuerdo, por ejemplo, a tratados de inversión con cláusulas de reciprocidad.

El proyecto contempla distintos tipos de prestadores: Estado, Universidades, pueblos originarios, operadores comerciales y operadores sin fines de lucro. En este sentido, prevé mantener la reserva de espectro del 33% para entidades sin fines de lucro que ya establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También se incluyen reservas específicas para los canales del sistema público de radio y televisión y para los estados provinciales, municipales, universidades y pueblos originarios.

En relación a las reglas de concentración se indica que a nivel nacional un titular puede tener 1 licencia de TV satelital (incompatible con cualquier otro tipo de licencias audiovisual); hasta 10 licencias de TV abierta y radio; y un tope del 35% del total de suscriptores para la TV paga. En tanto en el orden local, un mismo prestador puede tener un multimedia conformado por 1 licencia de TV abierta y de TV paga, 1 radio AM, 1 FM o hasta 3 FM si hay más de 8 en la zona de prestación. Además se establece que los licenciatarios de TV paga sólo pueden comercializar sus servicios de VoD dentro de su área de prestación.

En el caso de las empresas de telefonía básica no pueden prestar servicio de TV paga con uso de espectro (TV satelital) pero sí por cable, en éste último caso lo podrían hacer de forma progresiva, en un período escalonado en función de la cantidad de habitantes (en primer lugar podrán acceder a licencias si prestan servicios en poblaciones con más de 1 millón de habitantes; luego de 3 años de la sanción de la ley en localidades de más de 400 mil habitantes; y a partir de 5 años cuando se trate de servicios en localidades de más de 80 mil habitantes). A su vez, se establece que la autoridad de aplicación tiene la potestad de extender los plazos por dos años más si las PyMEs del sector audiovisual no hubieran alcanzado el 5% del mercado de la telefonía fija y móvil en el área de prestación de servicio.

Entre los requisitos que se imponen a las empresas de telefonía que brinden servicios audiovisuales se incluyen la obligación de que sean unidades de negocio separadas, llevar la contabilidad separada, no incurrir en prácticas de subsidios cruzados ni en prácticas anticompetitivas de derechos de exhibición de contenidos, y facilitar a terceros el acceso a infraestructura pasiva.

Para acceder a los servicios de TV abierta (servicios audiovisuales lineales abiertos de acuerdo con la terminología del proyecto), se privilegiará la incorporación de nuevos participantes en la actividad y se elaborarán pliegos de concurso con características diferenciadas según se trate de las adjudicaciones para medios con o sin fines de lucro. Los criterios de evaluación de las solicitudes buscarán la ampliación del pluralismo en la oferta de servicios, las garantías de libertad de expresión, el aporte al desarrollo de la industria de contenidos, entre otros.

En materia de contenidos, además del establecimiento de cuotas mínimas de producción nacional, local e independiente para los prestadores de servicios audiovisuales en abierto y pago, el proyecto establece que los OTT audiovisuales que operen en el país deberán destinar al menos el 1% de su catálogo a contenidos de producción nacional los primeros 5 años de actividad y luego, al menos el 2% de su catálogo.

Además se contempla un régimen de gravámenes para todos los prestadores (incluidos OTT) a partir de la facturación bruta por la comercialización de la “publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación de esos servicios” que contribuirán con el financiamiento de fondos de fomento a los contenidos, infraestructura, al sistema público de radio y TV (RTA), y a servicios de comunicación audiovisual sin fines de lucro, entre otros.

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