La iniciativa fue radicada en el Congreso y busca establecer obligaciones para creadores de contenido e influencers en Internet. Propone la creación de un registro, el pago de impuestos, transparencia en contenidos publicitados y sanciones por publicidad engañosa o que afecten a menores
En el Senado de Colombia fue radicado un proyecto de ley que busca regular la actividad de influencers y otros creadores de contenido digital. La iniciativa, presentada por senadores de diversos partidos, propone reconocer esta labor como una actividad profesional, con obligaciones en materia de transparencia, publicidad y contribuciones fiscales.
El texto plantea que dichos actores deberán aportar a un Fondo Nacional de Protección Solidaria con el cual se financiarían campañas educativas, prevención del ciberacoso y promoción de contenidos culturales.
La propuesta también establece que los contenidos patrocinados deberán ser identificados de forma clara y visible, especialmente cuando se trate de productos vinculados a la salud o la cosmética. Además, se prevén sanciones económicas por publicidad engañosa, promoción de productos no regulados sanitariamente, o contenidos que afecten a niños, niñas y adolescentes.
El proyecto impulsa la autorregulación del sector a través de agremiaciones y propone la creación de un Registro Nacional de Creadores de Contenido, administrado por el Ministerio del Interior. Si bien no se especifica su carácter obligatorio, este registro se plantea como una herramienta para focalizar inversiones públicas y facilitar el acceso a programas de formación y beneficios laborales.
El Fondo Nacional de Protección Solidaria mencionado anteriormente se constituiría, además, con un gravamen del 2% sobre los ingresos brutos generados por las plataformas digitales de contenido que operen en el país, tales como YouTube o TikTok.
Otros antecedentes
Colombia no es el primer país en sugerir este tipo de regulaciones. Francia aprobó en 2023 una ley que obliga a los influencers a señalar la publicidad, prohíbe la promoción de cirugías estéticas y limita contenidos dirigidos a menores, con sanciones de hasta 300.000 euros y penas de prisión.
En España, el gobierno trabaja en un decreto que exige registro obligatorio, límites a la publicidad y franjas horarias para anunciar apuestas, aplicable a influencers con más de 2 millones de seguidores y 500.000 euros de ingresos anuales.
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