La iniciativa mexicana plantea modificar artículos del capítulo de comercio digital del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El objetivo es fortalecer la transparencia de las plataformas, garantizar su cooperación con autoridades nacionales en investigaciones por violaciones de derechos humanos y establecer mecanismos de rendición de cuentas
Una propuesta presentada por la sociedad civil de México plantea reformar parte del capítulo de comercio digital del tratado de libre comercio entre ese país, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para fortalecer la protección jurídica de las personas usuarias de plataformas digitales y establecer mayores obligaciones para las empresas tecnológicas.
El planteo fue elaborado por una alianza entre organizaciones feministas, academia y del ámbito jurídico, integrada por el Movimiento Ley Olimpia -a través de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales-; Tlatelolco Lab, el laboratorio digital del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM; y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A. C..
La iniciativa surge en el marco de una revisión del T-MEC prevista para 2026. Según el estudio técnico difundido por las agrupaciones “julio de 2026 es la primera y más importante oportunidad para proponer modificaciones al texto vigente”.
La propuesta se centra en modificar tres artículos del Capítulo 19 del T-MEC, referido al comercio digital. El objetivo es fortalecer la transparencia de las plataformas digitales, garantizar su cooperación con autoridades nacionales en investigaciones por violaciones de derechos humanos y establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas.
Según argumentan las agrupaciones “el Capítulo 19 del T-MEC otorga inmunidad a las plataformas y defiende sus intereses comerciales por encima de los derechos de las personas usuarias”, lo que afecta el acceso a la justicia en casos de violencia y otras agresiones en entornos digitales.
Uno de los ejes de la iniciativa es que las plataformas digitales queden sujetas a la legislación y jurisdicción de los países donde ofrecen servicios. Al respecto, quienes impulsan la iniciativa advierten que el tratado no establece expresamente que estas empresas deban someterse “a la jurisdicción de aquellos países en los que hacen negocios y donde residen sus consumidores”.
La propuesta también plantea que las plataformas cooperen con autoridades nacionales cuando sea necesario acceder a evidencia digital. Según el Manifiesto, el T-MEC dificulta que las instituciones de justicia “soliciten y accedan ágilmente a materiales multimedia o bases de datos” útiles para perseguir delitos y proteger a víctimas de violencia.
Otro punto es la transparencia algorítmica. Se propone que las plataformas digitales rindan cuentas mediante el acceso a códigos fuente o, al menos, a “informes claros del funcionamiento de diseños técnicos y algoritmos”.
En materia de responsabilidad, la iniciativa busca pasar “de un modelo de inmunidad genérica a un modelo de inmunidad condicionada”, con obligaciones y responsabilidades vinculantes para las plataformas.
La iniciativa convoca a organismos públicos, academia, activismos y ciudadanía a respaldar la modificación del Capítulo 19 del T-MEC para que “ningún Tratado internacional ponga en peligro los derechos humanos”.
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