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Proyecto de nueva ley dominicana de libertad de expresión ingresó al Senado y una comisión especial lo analizará

La iniciativa propone reemplazar la ley vigente desde 1962 por una normativa actualizada y compatible con estándares internacionales. El Senado conformó una comisión especial que prometió escuchar a todos los sectores, subrayando que no importa el tiempo que lleve el proceso, ya que el objetivo es lograr un proyecto consensuado.

El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales fue presentado por el Poder Ejecutivo al Senado de República Dominicana a fines de abril, tal como había anticipado el presidente Luis Abinader anteriormente. La propuesta busca reemplazar la Ley N°6132, vigente desde 1962, con el objetivo de establecer un marco legal moderno, democrático y compatible con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

Para su análisis legislativo, el Senado conformó una Comisión especial integrada por once senadores. Durante la instalación de la Comisión, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, llamó a garantizar un proceso abierto y participativo.

 “No importa las veces que haya que reunirse en la comisión, pero el resultado debe estar basado en el consenso, luego de haber escuchado a todos los sectores, incluyendo a los medios digitales”, agregó De los Santos.

El proyecto reconoce expresamente la libertad de expresión en su doble dimensión, prohíbe la censura previa, y garantiza la protección de las fuentes y la objeción de conciencia para periodistas. Además, propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un ente regulador autónomo y descentralizado que supervisará la aplicación de la nueva norma.

Entre otras disposiciones, el texto introduce obligaciones para las grandes plataformas digitales —como Facebook, X e Instagram—, que deberán contar con representación legal en el país y asegurar el cumplimiento de criterios de transparencia y rendición de cuentas. También reconoce derechos de las audiencias, incluidos los de niñas, niños y adolescentes, en los servicios audiovisuales, y consagra el acceso a Internet como un derecho.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), que afirmó que la propuesta “es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación”.

La redacción del texto fue liderada por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (CCLEX), creada por el Ejecutivo en 2022. Según su coordinador, el abogado Namphi Rodríguez, la iniciativa busca proteger tanto la libertad de expresión como los derechos de las personas usuarias de plataformas digitales. 

Rodríguez destacó que no se otorgan facultades al ente regulador para eliminar contenidos, sino que se exige a las plataformas que cumplan con principios de transparencia sobre sus términos de servicio y reglas de moderación, “a fin de evitar la censura a las personas en las redes sociales”.


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