Está prevista para este miércoles 1 de diciembre la votación del Proyecto de Ley 2630/2020 en el Grupo de Trabajo, que tiene como objetivo mejorar la legislación brasileña en materia de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet (GTNET). La expectativa es que se vote y apruebe el texto básico de la proposición -llamado “Proyecto de Ley de Fake News”-, que regula las grandes plataformas de contenidos digitales e incluye obligaciones de transparencia tales como mostrar las cuentas que son automatizadas (robots) e identificar a los responsables de la publicidad en línea.
La semana pasada, los miembros del GTNET se reunieron y la mayoría rechazó los intentos de aplazamiento de la votación, incluyendo la presidenta del grupo Bruna Furlan y el ponente Orlando Silva. Sin embargo, debido a la estrategia de los parlamentarios ultraliberales y ultraconservadores alineados con el gobierno de Jair Bolsonaro, la reunión se prolongó hasta el inicio de la sesión en el pleno, cuando -por reglamento interno- es imposible la votación en comisión.
La reunión de la semana pasada demostró que Silva tiene los votos para aprobar al menos la base del informe sustitutivo del PL 2630/2020, aprobado en el Senado en 2020. Pero el gran número de textos destacados por los parlamentarios para su votación por separado y las propuestas de enmienda al texto original, también presentadas en la semana pasada, indican que todavía se pueden cambiar muchos dispositivos.
Una parte de los parlamentarios del Grupo de Trabajo todavía quiere disminuir la cantidad de obligaciones y limitaciones que se impondrían a las empresas, mientras que los diputados alineados con el gobierno de Bolsonaro quieren impedir que las redes sociales excluyan los perfiles de los políticos elegidos.
Después de ser aprobado en el GTNET, el proyecto de ley todavía sería discutido en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados y tendría que ser analizado de nuevo por el Senado brasileño. Esto se debe a que se considera inevitable que se aprueben modificaciones en la redacción aprobada inicialmente, lo que da a la cámara legislativa proponente el derecho de volver a debatir el asunto, y considerar qué cambios se
aceptarán y cuáles no.