Por Gustavo Gómez, director ejecutivo OBSERVACOM.
Con el Seminario “Desafíos para la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet” (22 de mayo, realizado en el Parlamento), iniciamos un proceso que tiene objetivos muy ambiciosos. No puedo llamar de otra manera a la búsqueda de recuperar una Internet libre y abierta. Y eso pasa, entre otras tareas, por establecer nuevos marcos normativos que protejan los derechos de los usuarios de redes sociales, en particular el derecho a su libertad de expresión.
Un derecho cuestionado muchas veces desde el Estado pero, también demasiadas veces, desde grandes corporaciones privadas que ocupan un lugar de Ministerios de la Verdad o una especie de Justicia paralela.
Porque tiene un objetivo tan ambicioso es que hemos decidido dar pasos de a poco. La importancia y la complejidad del tema nos obliga a pensar en cuáles son las más adecuadas maneras de llegar al mejor resultado posible. Y en eso tenemos para echar mano de las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de organismos multilaterales que trabajan en estos temas, respecto a la necesidad de desarrollar procesos con el tiempo suficiente para abordar la diversidad de asuntos y enfoques que están en juego, y promover la participación de los múltiples actores involucrados. Que tienen, y que deben, dar opinión sobre la manera que va a tomar forma esa regulación en el país.
Y porque necesitamos tiempo para procesar estas discusiones, comenzamos bien al inicio de este periodo de gobierno y parlamentario de cinco años, con una búsqueda sin pausa, pero sin prisas, para tratar de identificar no solo los desacuerdos existentes sobre el tema (que seguro los habrá) sino, fundamentalmente, para buscar los mayores acuerdos posibles (que también estoy seguro de que los hay).
Este seminario es apenas un paso de esta primera etapa que terminará allá por septiembre, con la redacción de las bases de una regulación democrática a la uruguaya. En una “ley a la uruguaya” adecuada a Uruguay y con esta forma de procesar el diálogo y el debate, buscando que ese documento se convierta en un insumo fundamental para las siguientes etapas, donde ahí sí habrá que ir perfilando propuestas legislativas.
Para guiar este proceso tenemos la suerte de que hay recomendaciones que nos van a ayudar a no perder el norte. Y me refiero particularmente a las “Directrices para la Gobernanza Democrática de las Plataformas Digitales de la UNESCO” que presentamos en este evento. No será el único, pero seguramente será uno de los fundamentales para ordenar y orientar la conversación de este proceso que hoy comienza.
Y pensando en lo que viene, nos alegra que la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado se involucre desde el comienzo apoyando este seminario, porque por allí será uno de los lugares donde se va a dar la discusión.
También es muy buena noticia que contemos con el apoyo para este evento de la AGESIC (nuestra Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), también participando desde el comienzo mismo de este proceso. Sin dudas el organismo que, desde el área gubernamental, tiene antecedentes, compromiso y capacidad para poder promover -y ojalá que liderar- las siguientes etapas hacia la elaboración de una legislación para las grandes plataformas digitales adecuada para el contexto particular de nuestro país y en sintonía con los más caros principios democráticos de nuestro país.
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