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¿Regular las plataformas? Coinciden en exigir transparencia, rendición de cuentas y apelaciones pero advierten de riesgos por gobiernos autoritarios

La pregunta sobre qué espacio hay para la regulación sobre moderación de discursos en Internet y la tensión entre autorregulación de plataformas y regulación estatal guió el segundo encuentro del ciclo “Trump vs Twitter ¿Redes sociales vs debate público? Lecciones para el debate regulatorio en América Latina”, organizado por Access Now y OBSERVACOM.

Edison Lanza (Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), Sofía Jaramillo (Asesora del Relator Libertad de Expresión de ONU), Juan Ortiz Freuler (Tierra Común) y Luis Fernando García (Director Ejecutivo de R3D) coincidieron sobre la necesidad de exigir a las plataformas más transparencia sobre la moderación de contenidos y más accountability. Además coincidieron en que hay que reforzar el trabajo sobre los mecanismos de apelación de decisiones de las plataformas.

“Se habla (de las plataformas) como si fuera la web en su conjunto… La web abierta permitió que crecieran plataformas empresarias que no se comportan como tales en el sentido que son propietarias y definen quién puede acceder a datos y quién puede operar en ese ecosistema que es privado, cerrado, opaco”, señaló Ortiz Freuler.

Desde su perspectiva, el foco de la regulación debe centrarse en reducir la opacidad del funcionamiento de las plataformas, la obligación de reporte y el fomento de la competencia.

“Los urgente sería promover normas que reduzcan la opacidad de estos sistemas mediante los cuales opera la moderación, por otro lado, que existan normas que los obliguen a ser más transparentes de manera activa, que reporten más, que tengan que coordinar con otras empresas para que esos reportes tengan las mismas categorías para tener una idea sobre todo el ecosistema en su conjunto. Por último, mayor competencia para que estas empresas no puedan hacer lo que algunos llaman el hold out, si vos pasas esta norma yo dejo de operar en esta jurisdicción y se te cae todo el sistema de comunicación porque nos volvimos dependientes de esa infraestructura”, explicó.

Ortiz Freuler consideró que frente a la consolidación de las plataformas hay dos caminos “o estas empresas separan la parte institucional de la comercial y empiezan a generar mecanismos para la resolución de conflictos que estén totalmente disociados de sus intereses económicos, o que el Estado intervenga para achicar ese tamaño y que se tengan que especializar”.

Por su parte, el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, coincidió sobre el rol predominante de las plataformas y cómo benefician, pero también afectan, a la libertad de expresión: “el grado de concentración que tienen nos llevan a pensar que son toda la Internet pero no lo son”, dijo.

Lanza explicó que las circunstancias geopolíticas actuales dificultan alcanzar un acuerdo universal sobre regulación de la moderación de discursos en Internet. “Hay una lucha mundial global por la libertad de expresión y en ese contexto hay que ver este tema (la regulación sobre moderación de contenidos). Si lo pensamos como asunto para regular a dos o tres plataformas nos perdemos el bosque… tenemos a las plataformas y sus términos de condiciones, cómo aplican sus políticas internas… Por otro lado tenemos a los Estados que siguen siendo actores preponderantes en la moderación de discursos… además, tenemos sistemas distintos de gobiernos: China aplica censura masiva, Rusia tiene su propia Internet, Europa quiere aplicar sus propias normas internas y EEUU y América Latina con una cultura de mayor protección al discurso político y de interés público. Los Estados inciden en estas plataformas también”, precisó.

Al igual que Freuler, Lanza planteó que se debe exigir a las plataformas más transparencia en la moderación de contenidos y reporte sobre sus acciones.  Sumó la necesidad de reforzar los mecanismos de apelación, la integración con sistemas judiciales, así como destacó el desarrollo de Consejos -financiados por las plataformas- cuyas recomendaciones sean incorporados en los términos y condiciones de las empresas.

“Hay que reconocer que las plataformas tienen preponderancia en el discurso público y que deben adoptar principios de derechos humanos. Creemos que Estados democráticos pueden crear regulaciones de mayor transparencia sobre cómo vinculan su regulación interna con los principios de derechos humanos y cuáles son las decisiones que toman y cómo las toman”, indicó.

Además dijo que “hemos sugerido una mayor rendición de cuentas sobre las decisiones que afectan a discursos legítimos o las cuentas de personas que ejercen legítimamente el derecho a la libertad de expresión, a través de Consejos de Participación, con reportes, mecanismos de apelación efectivos y a través de articulación con el sistema judicial. No creo que las plataformas estén fuera del estado de derecho porque si no estarían creando un para-Estado”, aseguró.

Lanza dijo que el respeto a los principios de acceso universal, la neutralidad de red, derecho a la privacidad e identificar hasta dónde llega la inmunidad de los intermediarios y cuál es el grado de diligencia que se le puede pedir a las plataformas permitirá que surjan nuevos modelos que se adecuen a los derechos humanos.

Sofía Jaramillo, asesora legal del Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, enfatizó sobre algunos aspectos que consideró claves: el impacto de las plataformas en el debate público y su responsabilidad en los efectos sobre los derechos humanos. En este sentido recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó en 2011 como principio rector que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Señaló que las “normas internas (de las plataformas) deben dejar de estar enfocadas en el contenido de la información y más en los estándares internacionales”.

A su vez planteó que el foco de la regulación debe estar en exigir más transparencia a las plataformas, revisar los sistemas de apelación y mecanismos de reparación. Sobre esto último explicó que “hace falta más análisis sobre qué tipos de reparación se necesitan”.

Luis Fernando García, Director Ejecutivo de R3D, consideró que para algunos aspectos de la moderación de discursos debe haber regulación estatal, especialmente cuando se trata de las grandes plataformas, en tanto otros pueden resolverse por vía de la autorregulación.

“No todas las plataformas son iguales. Cuando se proponen legislaciones sobre empresas de tecnología se comete el error de no diferenciar entre aquellas cuyo tamaño y poder es sustantivo para incidir la manera en que las personas ejercen sus derechos humanos, y las que no tienen ese poder y que ponerles obligaciones excesivas puede afectarles y afectar la competencia”, aseguró.

Además planteó que “la aparente discusión entre autorregulación y regulación no son opciones excluyentes”.

“Todas las compañías tienen obligaciones de adoptar medidas sin que nadie les diga para satisfacer las obligaciones de derechos humanos pero también, derivado de que hay actores de poder amplio… en esos casos podemos llegar a pensar en intervención estatal”, dijo.

También apuntó a la importancia de diferenciar los tipos de discursos a la hora de pensar regulaciones. “Una primera distinción es más tradicional ya que hay discursos cuyo análisis de licitud es más fácil de analizar, como por ejemplo la pornografía infantil y la violencia. En estos casos, la automatización puede ser herramienta útil. Pero hay otros discursos que demuestran que es problemático dejar al arbitrio de empresas qué es verdadero o falso, qué infringe o no derechos de autor”, explicó.

“Debe ser el Estado (democrático) el que decida qué contenidos son lícitos, y cuando las empresas toman decisiones por sí mismas, tienen que rendir cuenta sobre esas decisiones”, sentenció.

Se puede acceder al video completo del encuentro aquí.

 

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