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Relatores de Libertad de Expresión: el «control privado es una amenaza para la libertad de expresión» en Internet

Los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, América, Europa y África emitieron una Declaración Conjunta sobre los “desafíos para la libertad de expresión en la próxima década”. Allí advierten que uno de los desafíos para los próximos diez años es el “control privado es una amenaza para la libertad de expresión” en Internet. Los otros dos son la necesidad de “consolidar y mantener una Internet libre, abierta e inclusiva” una Internet libre, abierta e inclusiva; y la “creación de un ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión”.

Respecto al primer desafío, los Relatores destacan que «el poder de las empresas privadas y, particularmente, de las redes sociales, las plataformas de búsqueda y otros intermediarios, sobre las comunicaciones, con un enorme poder concentrado en unas pocas empresas».

En tal sentido, proponen una serie de medidas (incluso regulatorias y legales) para limitar ese poder, entre las que se incluyen iniciativas regulatorias y legales relativas a la moderación algorítmica de contenidos, mecanismos de supervisión sobre reglas privadas de moderación de contenidos, soluciones basadas en derechos humanos para enfrentar el problema de la desinformación, establecimiento de reglas para remediar la concentración indebida de la propiedad y limitar la posición dominante de empresas que prestar servicios de comunicación digital, entre otras.

Además de limitar el control privado en Internet, otro de los aspectos para garantizar la libertad de expresión en el entorno digital que destacan los Relatores tiene que ver con la consolidación y mantenimiento de un servicio de internet libre, abierto e inclusivo.

Según los Relatores, “el ejercicio de la libertad de expresión requiere de una infraestructura digital que sea robusta, universal y cuya regulación garantice que permanezca siendo un espacio libre, accesible y abierto para todas las partes interesadas”. En este sentido, recomiendan al Estado y otros actores, reconocer el derechos al acceso y uso de Internet como derecho humano; abstenerse de imponer interrupciones o bloqueos en la red de internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones; expandir significativamente las iniciativas para proporcionar un acceso universal y asequible a internet; respetar y afianzar el principio de neutralidad de red; lograr que la transición hacia 5G y el desarrollo de Internet de las cosas sea respetuoso de los derechos humanos, entre otras cuestiones.

Los Relatores también destacan la necesidad de crear “un ambiente que permita el ejercicio de la libertad de expresión” a través de “normas legales y sistemas regulatorios que lo protejan de manera adecuada, especialmente en el caso del entorno digital, pero no únicamente en este”. Así se indican medidas como la sanción de marcos legales internos respetuosos de los estándares internacionales de libertad de expresión, que no disuadan el debate público; promover la diversidad de medios; asegurar que las agencias reguladoras sean independientes y operen de forma transparente; abstenerse de realizar restricciones arbitrarias o ilegales al uso de las tecnologías de encriptación y anonimato; entre otras.

En los considerandos de la Declaración Conjunta, los Relatores celebran las contribuciones de las tecnologías digitales para la ampliación del acceso y la circulación de ideas pero, pero al mismo tiempo advierten que persiste la necesidad de proporcionar acceso universal y asequible al servicio de Internet. Además reconocen la “necesidad de abordar, dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos, los problemas graves que surgen en el contexto de las tecnologías digitales, entre los cuales se encuentran la desinformación; la incitación al odio; la discriminación y la violencia; el reclutamiento y la propaganda terroristas; la vigilancia arbitraria e ilegal; la interferencia respecto al uso de las tecnologías de encriptación y el anonimato, y el poder de los intermediarios en línea”.

También advierten preocupaciones y temas pendientes que impactan en los medios tradicionales como las amenazas a la diversidad e independencia de los medios por la reducción de ingresos publicitarios; el incremento en la concentración de la propiedad; el control político sobre los fondos destinados a los servicios públicos y las fallas en el desarrollo de la radiodifusión comunitaria sustentable.

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