Observacom
Actualidad - Chile

Relatoría CIDH: hay avances pero persisten prácticas y normativas que afectan la libertad de expresión en Chile

“En Chile persisten algunas normativas y prácticas que siguen impactando negativamente el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, y que pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático”, señala el informe con observaciones preliminares elaborado por Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento se destaca positivamente la adopción de normas que disponen “el financiamiento estatal a proyectos de medios regionales, y exigen la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación privados, las normas y políticas que reconocieron legalmente a la radiodifusión comunitaria, las leyes que permiten el acceso de las personas en situación de discapacidad a la información gubernamental y de interés público, así como las reformas impulsadas para dar acceso equitativo y sin discriminación a señales de televisión digital y para garantizar que la publicidad oficial alcance a medios regionales y locales”.

Sin embargo, advierte que “la promoción de una amplia pluralidad de fuentes de información continúa siendo un desafío para la democracia chilena”, destacando haber recibido informaciones sobre la legislación sobre medios comunitarios, con “limitaciones que impone a las radios comunitarias en cuanto a la potencia, el financiamiento y la posibilidad de transmitir en cadena. La lenta implementación de esta Ley, particularmente los retrasos en la apertura a concursos para la entrega de nuevas frecuencias de radio, así como la ausencia de políticas públicas que efectivamente fortalezcan el sector”.

También menciona “denuncias preocupantes sobre las limitaciones legales, técnicas y económicas que pesarían sobre los pueblos indígenas para llevar adelante proyectos de radiodifusión comunitaria y la ineficacia de las medidas de fomento disponibles para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los medios de comunicación”.

La Relatoría reiteró “que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodifusión comunitaria si existen normas que establecen condiciones discriminatorias para su operación” como, por ejemplo, las limitaciones que impone la legislación chilena en la potencia o cobertura de las emisoras comunitarias. También destacó que la limitación al acceso a fuentes de financiamiento (en Chile estos medios tienen prohibido emitir publicidad) no tiene “un argumento suficiente, objetivo y razonable, que persiga una finalidad legítima ajustada a la Convención Americana” y que no parece “existir ninguna razón para impedir que existan radios comunitarias de cobertura local o nacional y con financiamiento a través de la publicidad”.

El informe también rechaza la imposición de penas de prisión a quienes emitan sin autorización, en referencia a lo dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones chilena y cuestionada por el movimiento social chileno. “La utilización del derecho penal para sancionar violaciones del régimen de radiodifusión puede resultar problemática a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” afirmó Edison Lanza. “El establecimiento de sanciones de tipo criminal para la radiodifusión comercial o comunitaria, que pueda verse enfrentada a una falta por la inexistencia o el mal uso de la licencia, es una reacción desproporcionada a los intereses que se busca proteger”.

La Relatoría también incluyó en su informe una referencia a las denuncias recibidas sobre “la existencia de una concentración excesiva en la propiedad y control de los medios de comunicación en manos de un reducido número de grupos económicos y las consecuencias de este fenómeno en el pluralismo informativo”. Entre otros problemas citó “la concentración en el sector de la radio y la prensa escrita nacional y local sería particularmente elevada”, el “reciente auge de la propiedad cruzada y dominio del capital extranjero en el sector de la radio” por la actividad del grupo español PRISA y “la integración vertical (impresión y distribución) de dos grupos propietarios de periódicos nacionales, regionales y locales” (El Mercurio y La Tercera).

El documento presenta un resultado preliminar de la visita oficial a Chile que el Relator realizó entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2016, con el objetivo de evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión en el país, previo a la celebración del 158 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CIDH, que tuvo lugar del 7 al 9 de junio de 2016. El documento completo será publicado a fin de año. Durante su visita a las ciudades de Santiago de Chile y Temuco, Lanza se reunió con funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Consejo para la Transparencia y el Consejo Nacional de Televisión, así como también con organizaciones sociales, medios de comunicación, miembros de la academia y organizaciones indígenas.

Foto tomada de: CIDH

ENLACES RELACIONADOS:

Libertad de expresión en Chile: Relator de la OEA manifiesta preocupación por prácticas que siguen impactando el derecho a la información

Fuerte apoyo del gobierno de Chile a los medios públicos frente a la transición digital

Gobierno: “Chile debe contar con una buena, potente, televisión pública”

... (en este espacio hay varias líneas de código de programación personalizado)