La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación sobre las recientes regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad sancionadas por el gobierno de Cuba, al considerar que se distancian de los principios de derechos humanos y atentan contra la naturaleza abierta, plural y descentralizada de Internet.
Se trata del Decreto Ley 35 “de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el Uso del Espectro Radioeléctrico” y la Resolución 105, referida al “Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad’’.
“Según la información disponible, el Decreto-Ley No. 35 incluye entre los deberes de las y los usuarios el de impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país, o transmitir información y noticias falsas”, explicó la relatoría a través de su cuenta de Twitter.
Por su parte, “la Resolución 105 tipifica nuevos ‘incidentes de ciberseguridad’ como el ciberterrorismo, entendido como aquellas acciones cuyo fin es subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas”, señala la Relatoría.
De este modo, por ejemplo, la utilización de redes para convocar a una marcha o criticar al gobierno podrían suscitar una acción penal.
En este sentido, la relatoría manifestó que “las regulaciones de Internet deben proteger su naturaleza abierta, plural y descentralizada, y promover la búsqueda y difusión de informaciones e ideas de toda índole, no solo de aquellas que obedezcan al interés nacional”. Además recordó “al Estado su deber de adecuar su normativa de conformidad con los principios y normas internacionales de derechos humanos”.
En diálogo con la BBC, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, aseguró que la normativa “es grave por lo que dice y por el momento en el que se publica, a un mes de las protestas, cuando la comunidad internacional esperaba un paso más hacia escuchar a su población y no hacia reprimir más el discurso… lo que los ciudadanos pueden o no publicar en internet se ve desde un enfoque criminal y de guerra”.
Otro de los aspectos que Vaca calificó como grave es que solo el gobierno sea el que determine qué es verdadero, falso u ofensivo, en lugar de un organismo independiente.
«Es preocupante, por ejemplo, entender qué o quién definirá lo que se entiende como noticia falsa en un país donde la veracidad de la información no se trata de un chequeo de los hechos con base a la verdad objetiva, sino a la forma en que se refleje la voz oficial», explicó el Relator.
“Estamos hablando de un sistema de medios donde la verdad solo se encuentra en la voz oficial, por lo que una crítica al gobierno por parte de la prensa independiente en internet puede ser tachada dentro de estas categorías», concluyó.