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Sociedad civil de América Latina firmó declaración para promover la transparencia de las plataformas de Internet

Desde una perspectiva de derechos humanos, 21 organizaciones de la sociedad civil latinoamericana firmaron una declaración para promover la transparencia y rendición de cuentas de las plataformas de Internet. El Seminario internacional Transparencia y rendición de cuentas de las plataformas de internet, que se desarrolló el 24 de noviembre, impulsado por 13 organizaciones sociales de la región, con apoyo de UNESCO, culminó con la firma de la declaración conjunta expresando su compromiso para impulsar este tema y garantizar una Internet libre y abierta.

La declaración hace hincapié en que la transparencia de las plataformas de contenidos es “necesaria, urgente y obligatoria”.

Además, se necesitan “obligaciones democráticas y asimétricas que complementen la adopción de buenas prácticas por parte de las propias empresas”, indicaron en la declaración las organizaciones de la sociedad civil. Esta exigencia abarca “sus procesos de moderación y filtrado de contenidos, incluyendo la transparencia algorítmica”, en tanto, “se convierte en un tema de derechos humanos y de profundización democrática, a la vez que necesaria para empoderar a los usuarios frente al poder de la regulación privada”.

Las organizaciones firmantes se comprometieron a construir una agenda y plan conjunto de diálogo con todos los actores implicados para lograr el cometido. Asimismo, se ve con alarma las iniciativas legales que se están debatiendo en América Latina y el Caribe que, en su mayoría, son “abusivas y que, de ejecutarse, violarían derechos fundamentales”. Por ese motivo, las organizaciones sociales “seguirán rechazando estas propuestas para proteger esos derechos y una Internet libre y abierta, pero también creemos que una actitud proactiva respecto de la regulación puede ser un camino inteligente para limitar estos intentos”.

En ese sentido, se señala que “las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas pueden ser un primer paso, que debe darse tras un diálogo multisectorial amplio y abierto y el apoyo de organismos internacionales como la UNESCO y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), para garantizar los derechos de las personas usuarias de las plataformas digitales, pero también para anticiparse a los intentos de regulación antidemocráticos”.

Una idea en común de transparencia

En el seminario internacional, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D de México, manifestó que es necesario caminar hacia una transparencia “mucho más granular” por parte de las empresas dominantes que nos permita “a la sociedad en general y a las propias compañías entender, evitar y mitigar los efectos adversos de la moderación de contenidos, que se hace cometiendo errores o de manera deliberada abusando del poder que tienen”.

A su entender, es necesario avanzar en qué significa la transparencia y la rendición de cuentas. Desde los “Principios de Santa Clara se ha enfatizado la importancia de las estadísticas que permiten a todas las partes entender mejor los problemas. También sobre la notificación, que las personas afectadas por una medida de moderación contenido puedan conocer una serie de cuestiones que les permita accionar los mecanismos de apelación”, señaló.

Juan Carlos Lara, director de Derechos Digitales de Chile, manifestó que uno de los “puntos donde puede ser más valioso avanzar” es en la comprensión de “la transparencia como una condición que nos permita hacer rendir cuentas a las empresas que operan en Internet”.

“La formulación de obligaciones, principios o deberes de transparencia necesita responder al propósito de la transparencia. No es simplemente que tienen que ser transparentes porque tienen que ser transparentes”, acotó. Mencionó que es importante que la información que brindan los empresas sea comprensible y que pueda permitir un “propósito ulterior», como la investigación. “Es importante entender los deberes de transparencia como deberes evolutivos, que permitan responder a los objetivos de transparencia: la rendición de cuentas, la comprensibilidad, la investigación”.

En el mismo sentido, Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo de Argentina, sostuvo que “la transparencia es una herramienta para lograr un objetivo” y que lo que había que preguntarse es “¿transparencia para qué?”. En ese sentido, se centró en la transparencia “vinculada al oversight”, con el objetivo de “mirar para determinados fines de accountability”.

Para que esa rendición de cuentas sirva, agregó, la información tiene que ser verificable, es decir, que el formato y la metodología sean entendidas y que los procesos sean compartidos por las empresas, que hayan indicadores claros para orientar esos resultados hacia los objetivos que esa transparencia se había propuesto hacer.

Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, señaló que el análisis sobre la exigencia de transparencia tiene que estar centrado, por ejemplo, en el vínculo de las compañías con los políticos. Recordó que en 2019 hubo una reunión entre Mark Zuckerberg y Donald Trump que permaneció secreta por un tiempo. “Esto tiene que ser parte de alguna exigencia de transparencia. Saber quiénes se reúnen, de qué hablan, qué deciden”, apuntó.

Ferreyra indicó que es necesario conocer más los procesos internos de políticas de moderación de contenido, es decir, “no sólo saber qué hacen sino por qué lo hacen” y  manifestó que es necesario el acceso a datos para investigaciones acerca de los impactos de las redes sociales y tomar decisiones para el desarrollo de políticas públicas.

Experiencias y regulación

Olivia Bandeira, integrante de Intervozes de Brasil, agregó que algo que quedó demostrado en el último tiempo es que la autorregulación no es suficiente. “Son necesarias formas de regulación que establezcan obligaciones de transparencia. Después se puede discutir qué significa esa transparencia, pero es importante que eso sea visto como obligación y no solamente como buenas prácticas que las plataformas pueden adoptar o no”.

Al igual que Bandeira, la investigadora asociada de OBSERVACOM Marina Pita señaló que “desde la sociedad civil existe una perspectiva de desconfianza al papel del Estado en ese lugar de regulador. Pero al mismo tiempo cada vez más se muestra que las organizaciones de la sociedad civil que la autorregulación no da cuenta y es preciso encontrar un modelo mejor”, apuntó.

Andrés Piazza, director del Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica (IDD-LAC), opinó que el debate internacional sobre regulación parece estar maduro. “Hace años los diferentes actores están con algún piso mínimo de comprensión del problema y de aproximación sobre la transparencia. Ya hay iniciativas legislativas y es hora de dar un paso más y establecer un piso común. En ese sentido nuestro trabajo se propuso hacer recomendaciones, por ejemplo, sería interesante mirar en la región de América Latina y el Cariba figuras de coordinadores de servicios digitales que tuvo la normativa europea, no para traspolarla de manera precisa, pero para tener una referencia de un regulador competente y parcial”.

Para Javier Pallero, director de políticas públicas de Access Now, es necesario alinear las expectativas con la realidad y con las normativas. “En América Latina tenemos grandes desafíos respecto de los organismos reguladores independientes, no siempre tenemos organismos apropiadamente financiados, preparados y que sean independientes del poder político y empresario. Tenemos que hacer mejoras de calidad institucional a través de la regulación”.

En cuanto a las leyes, Pallero puntualizó que en Latinoamérica no es posible avanzar regulatoriamente sin estar alineados con la Convención Americana de Derechos Humanos, evitando de esta forma “copiar y pegar” la legislación europea

El video completo del evento se puede ver aquí.

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