La actividad fue convocada por la Coordinación por una Comunicación Democrática. Allí diversas organizaciones discutieron sobre la Ley de Medios, la situación del pluralismo y la diversidad, la producción nacional audiovisual, la regulación de las plataformas digitales y los derechos de periodistas y audiencias
En el marco de las actividades vinculadas al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado martes 9 de mayo se desarrolló el encuentro “Democracia y libertad de expresión en Uruguay. La agenda de la sociedad civil”, organizado por la Coordinación por una Comunicación Democrática (CCD), con el apoyo de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo.
Múltiples organizaciones sociales del país fueron convocadas a la actividad para discutir los actuales y próximos desafíos en materia de libertad de expresión, buscando generar una construcción colectiva para seguir protegiendo este derecho fundamental.
Rosa María González, Consejera Regional en Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, abrió la actividad destacando el anuncio de que Chile será el país anfitrión de la próxima Conferencia Global de la UNESCO por el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2024, algo que calificó como una oportunidad para colocar temas y problemas de la región en agenda.
Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, afirmó que es sumamente necesario poner en agenda la extensión de los derechos reconocidos en el ámbito analógico al digital, ampliando el alcance de la normativa a los servicios audiovisuales que se encuentran en Internet, asegurando los derechos de audiencias, especialmente los de niños, niñas y adolescentes y buscando formas de promover los contenidos nacionales.
Para “garantizar la libertad de expresión es necesario tener un sistema de medios diverso con una amplia pluralidad de voces, no obstante, en Uruguay existe una consolidación de los grupos mediáticos en pocas manos”, aseguró Gómez.
Por otro lado, el Director Ejecutivo de OBSERVACOM sostuvo que es necesario discutir cómo establecer límites a las grandes plataformas digitales, y las formas en que estas moderan y curan contenido, ya que las normas privadas de empresas son las que deciden lo que se dice y lo que no en Internet.
En términos de viabilidad de medios, dijo que es necesario discutir las formas de asegurar su sostenibilidad, aunque también es importante que los recursos que se obtengan no queden entre los medios más grandes, sino que se distribuya entre medios alternativos y también entre los trabajadores de la comunicación.
En otro orden, Pilar Teijeiro, periodista de TV Ciudad -canal público de la Intendencia de Montevideo- manifestó que en un sistema de medios masivos, los medios públicos deben ser un servicio en el que todas las voces de la sociedad estén representadas, asegurando espacio a todas las expresiones políticas. “Un medio público debe garantizar una libertad de expresión en todas sus expresiones. Contar con autonomía política, creativa y económica”, afirmó.
Paula Baleato, coordinadora de la Agencia de Comunicación por la Niñez y la Adolescencia (Vos y Voz), manifestó que la Ley de Medios –algo que parte del gobierno planteó derogar durante todo 2022 sin éxito– buscó aggiornar nuestra legislación referente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo algunas medidas como los resguardos sobre la publicidad dirigida y protagonizada por menores, por lo que sería un riesgo derogarla.
Sin embargo, Baleato sostuvo que la normativa tiene muy poca implementación, por lo que es importante poner en agenda esta problemática, “para que el Estado establezca medidas de protección y promoción de los derechos de las infancias”.
Luis Curbelo, dirigente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), también coincidió en que la derogación de la actual Ley de Medios sería un error. Si bien “todo es perfectible, la ley debería permanecer”, aseguró. En otra línea, Curbelo advirtió que “existen señales preocupantes” por el hostigamiento de gobernantes a medios y periodistas.
En la misma línea, el presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Fabián Werner, advirtió que existen discursos estigmatizantes hacia medios y periodistas “que han aumentado de manera sostenida”, acompañado de “una negación del gobierno de que esto sea así”. Por otro lado, Werner advirtió que el manejo de la publicidad oficial tiene un manejo “opaco y arbitrario”, lo que termina afectando indirectamente a la libertad de expresión.
Patricia Díaz, coordinadora e investigadora del Laboratorio de Datos y Sociedad (Datysoc), manifestó que la normativa de derechos de autor necesita modificaciones urgentes, ya que no prevé ninguna excepción ni limitación adecuada al contexto digital, algo que sí es contemplado en otros países, lo que puede derivar en el bloqueo de contenidos.
También participaron de la actividad: la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (ASOPROD), el colectivo social Ovejas Negras, el colectivo feminista Cotidiano Mujer, la Escuela de Comunicación de la Universidad ORT, Amnistía Internacional Uruguay y la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar).
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