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Suprema Corte de México invalidó “contrarreforma” de 2017 que restringía derechos de las audiencias en radio y TV

Está en debate si se mantiene la plena vigencia la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que fuera modificada por el decreto ahora invalidado
Foto: Bandera de México (Pexels).

El pasado 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), invalidó el Decreto de 2017 en el que se reformaron disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014 que restringía los derechos de las audiencias y quitaban competencias en la materia al regulador IFT.

La reforma legislativa implicaba quitar obligaciones regulatorias a los medios para proteger a las audiencias y dejaba librado su cumplimiento solamente a medidas de autorregulación derogando, entre otros aspectos, la obligación de distinguir la información periodística de los contenidos publicitarios y de la opinión editorial del medio. 

La SCJN declaró la invalidez de la reforma solamente por cuestiones de procedimiento legislativo que consideró inconstitucionales, y no sobre el contenido de la reforma, pero el debate está instalado sobre las repercusiones de tal decisión. De acuerdo a este fallo se mantendrían las disposiciones de la Ley original, que protegen los derechos de las audiencias y establecen obligaciones para los radiodifusores.

Para muchos analistas, volverían a prevalecer los artículos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) de 2014. Sin embargo, desde el área de Comunicación Social de la Corte se distribuyó un comunicado que afirmaba que la resolución no revivió la legislación anterior y que, por tanto, el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso con la nueva legislación. Según Irene Levy, consejera del Observatorio de las Telecomunicaciones en México, “la Corte no tiene que revivir nada: la ley de 2014 no fue parte del litigio y la Corte no tendría que pronunciarse al respecto”.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA) afirmó que, con lo resuelto por la SCJN, se “sigue estableciendo la importancia de los derechos de las audiencias”. Con respecto a las obligaciones que la Ley le impone a los medios, AMDA manifestó que “no hay censura”, sino que “prevalecen las responsabilidades de los medios con quien los sintoniza”.

La llamada “contrarreforma” de 2017 se trató muy rápidamente en el Senado de México, luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –regulador autónomo de telecomunicaciones y radiodifusión- empezó a trazar los lineamientos para regular la Ley de 2014. Tras el pedido de una minoría parlamentaria de la Cámara de Senadores, la Suprema Corte determinó que hubo “violaciones graves al procedimiento legislativo desarrollado ante la propia Cámara que impactaron en la calidad democrática de la decisión finalmente adoptada”, donde no se consideró ni respetó “el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.


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