Usuarios, periodistas y autoridades advierten sobre restricciones de alcance y visibilidad de contenidos críticos hacia el presidente Donald Trump, agencias federales y temas políticamente sensibles, luego del traspaso del control de TikTok (80% de la empresa) a un consorcio de inversionistas estadounidenses cercanos al gobierno
La red social TikTok atraviesa una fuerte controversia en Estados Unidos tras una ola de denuncias por presunta censura y reducción del alcance de contenidos críticos hacia el presidente Donald Trump, agencias federales y otros temas de alto impacto político. En particular, usuarios denunciaron dificultades para publicar o difundir videos sobre la ejecución de Alex Pretti por parte de un agente federal de inmigración en Minneapolis, así como la imposibilidad de abordar protestas contra el ICE y otros episodios de violencia estatal.
En varios casos, los contenidos publicados permanecieron con contadores de visualizaciones en cero o quedaron indefinidamente “en revisión”. También se reportaron bloqueos al intentar publicar mensajes que incluyeran determinadas palabras clave, entre ellas el apellido “Epstein”.
Las denuncias se producen tras el reciente acuerdo mediante el cual inversionistas estadounidenses cercanos al gobierno asumieron el control de las operaciones de TikTok en ese país, a través de la empresa TikTok USDS, mientras la compañía china ByteDance conserva una participación minoritaria.
El nuevo esquema fue presentado como una medida para cumplir con la legislación estadounidense en materia de seguridad nacional y protección de datos, limitando la influencia extranjera sobre la plataforma. El acuerdo fue impulsado por el propio Trump y formó parte de las negociaciones bilaterales entre Washington y Pekín, presentadas oficialmente como una medida de “seguridad nacional” y protección de datos frente a una supuesta injerencia china.
Sin embargo, para numerosos usuarios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, el cambio abrió interrogantes sobre nuevas formas de interferencia política en la circulación de información. El nuevo esquema dejó a la plataforma bajo el control de actores estrechamente ligados al presidente Trump. El gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó una revisión del funcionamiento del algoritmo para determinar si cumple con la legislación estatal, en un contexto de creciente preocupación institucional.
Especialistas advierten que el núcleo del problema radica en la implementación de mecanismos de shadow banning, como la reducción de alcance, la pérdida de visibilidad o los cambios en los sistemas de recomendación. En plataformas gobernadas por algoritmos, la libertad de expresión no se limita a la posibilidad de publicar, sino que depende de que los mensajes circulen efectivamente y lleguen a las audiencias.
El propio acuerdo prevé que el algoritmo de TikTok sea reentrenado específicamente con datos estadounidenses, lo que abre la puerta a la introducción de sesgos y a un mayor aislamiento de los debates globales.
Las sospechas también se ven reforzadas por el perfil del nuevo director ejecutivo de TikTok en Estados Unidos, Adam Presser, quien en declaraciones previas sostuvo que el término “sionista” puede funcionar como una forma encubierta de discurso de odio, lo que generó preocupación entre defensores de los derechos del pueblo palestino sobre cómo podrían moderarse estos contenidos en el futuro. Estas posiciones cobran especial relevancia en un contexto en el que TikTok fue una de las principales plataformas de difusión de información crítica sobre la situación en Palestina.
Este caso vuelve a poner en evidencia un debate estructural: quién controla los algoritmos que organizan la conversación pública y bajo qué criterios. En la era de la moderación algorítmica, la disputa por la libertad de expresión se juega cada vez más en el terreno del alcance, la recomendación y la concentración de poder sobre los sistemas que deciden qué se ve y qué queda fuera del debate público.
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