El máximo tribunal de España ordenó entregar el código fuente de un sistema que otorga beneficios sociales y sentó un precedente que refuerza el derecho ciudadano a auditar algoritmos públicos. El fallo introduce un principio clave: la transparencia algorítmica como obligación democrática. Para el Tribunal, el Estado no puede ampararse en la propiedad intelectual para impedir el escrutinio público.
Una sentencia del Tribunal Supremo de España marcó un hito en materia de transparencia algorítmica al reconocer que la ciudadanía tiene derecho a acceder al código fuente de los sistemas informáticos que utiliza la Administración para tomar decisiones automatizadas. El caso surgió a partir de un pedido de la Fundación Ciudadana Civio, que en 2018 solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica acceso a la documentación técnica de la aplicación BOSCO, que determina quién puede acceder al bono social eléctrico. Tras años de negativas basadas en supuestos riesgos de seguridad y en la protección por propiedad intelectual, el Tribunal ordenó al Ministerio entregar el código.
El fallo introduce un principio clave: la transparencia algorítmica como obligación democrática. Para el Tribunal, cuando el Estado utiliza sistemas automatizados para otorgar o denegar derechos, no puede ampararse en la propiedad intelectual para impedir el escrutinio público. Sostiene que la digitalización de la Administración debe estar sujeta al mismo nivel de transparencia, control y fiscalización que cualquier otro acto administrativo, y que entender cómo funciona un algoritmo es parte del derecho ciudadano a conocer los fundamentos de una decisión estatal.
Aunque se trate de un caso específico, la sentencia tiene un alcance mucho más amplio. Es un precedente que demuestra que abrir el código fuente no sólo es jurídicamente posible, sino también técnicamente viable, desmintiendo el argumento habitual de que revelar estos sistemas comprometería su seguridad. En un contexto global en el que algoritmos opacos —estatales y corporativos— toman decisiones que afectan derechos, este tipo de decisiones confirma que existe un derecho a exigir transparencia sobre su funcionamiento.
El fallo también se inscribe en una tendencia creciente: cada vez más jurisdicciones reconocen que la automatización no puede convertirse en una nueva zona de opacidad. La decisión del Tribunal aporta así un argumento sólido para el debate global sobre la necesidad de abrir los algoritmos que afectan derechos fundamentales y de garantizar mecanismos efectivos de supervisión democrática.
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