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TV Digital en México: lo que no debe hacerse

El caso mexicano de la TV abierta y su transición a la TV digital debe analizarse para que los demás países eviten incurrir en los mismos errores y dilaciones en perjuicio del interés general. Veamos por qué.

Clara Luz Álvarez*/ México/ junio 2014.

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En dónde estamos

La televisión abierta comercial está dominada por 2 grupos corporativos: Televisa y TV Azteca. Estos grupos tienen el 94% de las concesiones de la televisión abierta con fines comerciales en la República Mexicana. Asimismo, Televisa y TV Azteca son dueñas conjuntamente de una empresa de telefonía móvil, Iusacell.

En 2004 el gobierno mexicano junto con representantes de las televisoras comerciales y sin la participación de la ciudadanía, elaboraron a puerta cerrada la política de transición a la TV digital terrestre donde se estableció el otorgamiento de canales espejo para la transmisión de la señal digital, un calendario tentativo para la transición y el año 2021 como el estimado (no definitivo) para el apagón analógico.

En 2006 se aprobaron ciertas reformas legales conocidas como Ley Televisa que previeron como mecanismo de otorgamiento de nuevas concesiones de TV abierta la licitación. Este procedimiento que es preferible a dar arbitrariamente concesiones, realmente buscó ser una barrera de entrada para nuevos competidores. Esta barrera ha sido tan efectiva que desde que entró en vigor la ley y hasta la fecha no se han logrado adjudicar nuevas concesiones.

En 2010 se expidió un acuerdo presidencial en el que se fijaba el 31 de diciembre de 2015 como fecha para el apagón analógico. El proyecto piloto de las primeras ciudades que transitarían a la TV digital fue muy polémico por varias razones. La primera es por el costo que representó el regalar tanto los decodificadores como la instalación a los hogares. La segunda porque se apagó la señal analógica y, como estaba en proceso electoral esa región, el regulador decidió encender nuevamente la señal analógica hasta que pasaran las elecciones.

La transición en la Constitución

En 2013 se hizo una reforma constitucional en la cual se señaló: (1) que la transición a la TV digital debería concluir el 31 de diciembre de 2014, (2) el Ejecutivo Federal debería elaborar un programa de trabajo para ésta, (3) los Poderes de la Unión debieran apoyar la transición, (4) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como regulador es encargado de la política de transición a la TV digital, y (5) iniciar licitaciones para al menos 2 cadenas de TV con cobertura nacional.

Los problemas no tardaron en surgir. Primero, porque el IFT, al ser un órgano constitucional autónomo, jurídicamente no pertenece a los Poderes de la Unión. Segundo porque el calendario establecido para la transición se tuvo que suspender en atención a que se interpretó que el fideicomiso que financiaba la compra de decodificadores y el costo de instalación, tendría que modificarse. Tercero, porque la distribución de facultades para la transición quedó en que el IFT establecería la política, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haría un programa de trabajo para implementar esa política.

Al acercarse la fecha para el apagón analógico de las siguientes ciudades sin que existiera programa de trabajo, ni acciones por parte de la SCT, el IFT decidió postergar la fecha de esta fase del apagón analógico.

El programa de trabajo finalmente se expidió el 13 de mayo de 2014. La SCT decidió regalar televisores en lugar de decodificadores a los hogares que estuvieran inscritos en programas de apoyo social de la Secretaría de Desarrollo Social. Además argumentó que dichos televisores tendrían la funcionalidad de acceso a internet y buscaría tener acuerdos para que los concesionarios que proveen acceso a internet, puedan ofrecer tarifas preferenciales a hogares de bajos recursos.

Reflexiones para la coyuntura

México para efectos de la transición a la TV digital no es EUA, ni la Unión Europea, por muchas razones. Las principales:

En EUA y la Unión Europea existía una fuerte necesidad de liberar espectro de la banda de los 700 MHz para poder ocupar esta banda para servicios de banda ancha, toda vez que existía una alta ocupación de canales. Esa liberación de espectro para aprovecharse a servicios de banda ancha es lo que se conoce como dividendo digital. La situación en México es totalmente diferente. México otorgó selectivamente y por razones políticas las concesiones de TV abierta en el siglo XX. La escasez de canales de TV abierta fue una escasez artificial para garantizar las ganancias económicas de las televisoras y con ello la fidelidad de éstas para el control político del gobierno en turno. Esto es, México aún otorgando canales digitales espejo no estaba en la situación de EUA o la UE, porque México podía aprovechar la banda de 700 MHz y también haber otorgado nuevas concesiones para TV abierta sin haberse dado el apagón analógico.

En EUA se apoyó a personas de escasos recursos, pero ahí no tienen la indignante situación de pobreza como la hay en México donde aproximadamente el 46.3% de la población vive en pobreza. Así que el costo de la transición a través de subsidios representa un costo infinitamente superior por una sencilla razón: el número de pobres en México.

El efecto del retraso de la transición a la TV digital tiene un impacto directo en el interés que pueda despertar la licitación de nuevas cadenas de TV abierta en México. Esto se debe a que la TV abierta vive del número de anunciantes y de los ingresos de la publicidad. El precio de la publicidad está en relación directa con la audiencia potencial de un canal dentro del horario de que se trate. Si no se da el apagón analógico al 31 de diciembre de 2015, los nuevos concesionarios de TV abierta estarían teniendo que ofrecer a sus anunciantes una audiencia potencial menor. Adicionalmente, los nuevos concesionarios se enfrentarán con fuertes egresos para desplegar sus redes y colocar su marca y ganar audiencia. Ello se dificulta aún más porque México en lugar de favorecer que las televisoras sean locales o regionales para dar espacio al localismo y diversidad, optó por buscar cadenas con cobertura nacional lo que limita el número de potenciales interesados en participar en la licitación respectiva.

La reflexión más importante es la que ha escapado de la discusión principal. ¿Debió México dar prioridad a la TV abierta sobre el acceso de la población al internet? En mi opinión no. México debió dejar que la transición fuera a su paso con otro tipo de incentivos e invertir para la inclusión digital. El entonces regulador de telecomunicaciones, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, reconoció que para llevar al 98% de los mexicanos acceso a servicios de banda ancha e internet a través de una red troncal de fibra óptica a construirse se requerirían 8,375 millones de pesos en tanto que para subsidiar decodificadores y antenas se estimaba al menos un gasto de 13,188 millones de pesos. ¿Por qué México optó por la TV digital aun cuando los recursos eran mayores? En la era digital, qué preferiría usted ¿un televisor digital o acceso a internet y banda ancha?

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

claraluzalvarez@gmail.com

Twitter: @claraluzalvarez

telecomysociedad.blogspot.mx

 

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