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Una mirada sobre la regulación de Internet y el periodismo digital en Alemania

Por Ana Bizberge, editora de contenidos de OBSERVACOM

Invitados por la FES (Fundación Friedrich Ebert), OBSERVACOM participó de un programa organizado por la institución sobre “Regulación de Internet, periodismo digital y activismo en Alemania”, que tuvo lugar en Berlín del 23 al 29 de septiembre. A través de encuentros con académicos, organizaciones de sociedad civil, parlamentarios y representantes de empresas periodísticas y plataformas se abordaron distintos temas como el rol de Internet como esfera pública, responsabilidad de intermediarios, regulación algorítmica y el periodismo en el entorno digital, entre otros.

Uno de los aspectos que podemos destacar como resultado de esta experiencia de intercambio es que, si bien históricamente desde América Latina hemos mirado a Europa (y a Estados Unidos) como referencia para la organización del sistema de medios, en el entorno digital muchas de las discusiones se van produciendo en simultáneo en ambas latitudes.

Algunas soluciones sobre modelos de gobernanza de Internet como las adoptadas en Alemania a través de la Network Enforcement Act constituyen un ejemplo de “mala práctica” desde una perspectiva de derechos humanos y libertad de expresión, de la cual los países de América Latina deberían distanciarse.

La normativa, sancionada en 2017, fue creada como herramienta legal para combatir los discursos de odio, pero en la práctica terminó generando incentivos para que las plataformas de Internet monitoreen y remuevan contenidos a riesgo de ser sancionadas con multas excesivas.

A nivel europeo, la Directiva de Comercio Electrónico del 2000 señala que las plataformas no deben monitorear contenidos e instala el mecanismo de notificación y retirada por orden judicial. En el caso alemán, la normativa plantea que cuando la plataforma recibe cualquier notificación de un contenido reportado como “discurso de odio” debe revisarlo y, si confirma su ilegalidad, darlo de baja en un lapso de 24 horas. Si llegara a haber alguna duda al respecto, las compañías no pueden demorar el análisis más de siete días desde que fue reportado para, eventualmente, eliminarlo. Si la plataforma no remueve el contenido puede recibir multas por 50 millones de euros.

En este sentido, los riesgos para la libertad de expresión son varios. Por un lado hay que mencionar que las multas excesivas no se ajustan al criterio de proporcionalidad que debe cumplir una normativa respetuosa de los derechos humanos ya que las plataformas terminan optando por remover para evitar sanciones. En segundo lugar, y tanto o más importante que lo anterior en relación a la libertad de expresión, es que la ley asigna mucho poder a las empresas para definir lo que es legítimo y lo que no lo es. Sobre este punto, desde OBSERVACOM venimos alertando sobre el rol de las plataformas como gatekeepers privados, por su capacidad decisiva en el flujo de informaciones y opiniones en Internet.

Cabe recordar que este año, Facebook publicó su Reporte de Transparencia en el que, por primera vez, brindó información sobre cómo implementa sus estándares corporativos de cumplimiento de sus términos de servicio para la remoción de contenidos o eliminación de cuentas de usuarios que realizó por decisión propia y no por exigencia de autoridades estatales o de terceros (reclamos de propiedad intelectual, por ejemplo).

El informe de Facebook enfatizaba sobre el rol de los algoritmos en la detección de las violaciones a sus términos y condiciones como modo de afirmarse como “carreteras técnicas”. Sin embargo, la regulación algorítmica ha demostrado sus limitaciones a la hora de identificar “contenido inapropiado” (un término excesivamente vago y amplio establecido en sus estándares comunitarios) dejando en evidencia su rol de esfera pública y su poder de decisión sobre la circulación de discursos. Esto por ejemplo quedó demostrado en los casos de la remoción de la imagen de la “niña del napalm” de Vietnam o la de una imagen de indígenas desnudos, que el Ministerio de Cultura de Brasil utilizaba para promocionar una muestra de fotografía.

Además, el impacto de las soluciones algorítmicas también se pusieron sobre la mesa en relación a las fake news. En este caso, la política de la empresa a nivel global ha definido “reducir el alcance” de aquellas noticias que a su criterio sean consideradas falsas. Así lo expresó por ejemplo la representante de Facebook Brasil en el LACIGF 2018, el foro regional de debate sobre gobernanza de Internet realizado en Buenos Aires, Argentina.

Esta postura que pone el acento en el rol de los intermediarios como “carreteras técnicas” (mero transporte de contenidos) ha sido fuertemente cuestionada desde algunas organizaciones de la sociedad civil que plantean que, bien sea en el caso de las noticias falsas o “contenido inapropiado” u otros, la plataforma toma decisiones no neutrales que afectan la difusión de los contenidos.

Frente a esta perspectiva, durante la visita de OBSERVACOM a Berlín, la organización Algorithm Watch aportó foco distinto para pensar la regulación de algoritmos: desde la perspectiva del bien común.

Según la organización, los debates actuales en la materia están planteados desde una dimensión individual (por ejemplo en las regulaciones sobre privacidad), en cambio considera que debe llevarse la discusión hacia una dimensión colectiva o social. En este sentido, Algorithm Watch indica al menos tres dimensiones relevantes para analizar: la estadística (que no dice nada sobre el impacto social), la cultural y la cuestión de la autonomía de los algoritmos, que tiene que ver con la toma de decisiones y que, según explican, no es algo que las máquinas puedan hacer por sí mismas, sino que se las entrena para ello. Por eso, la organización niega que se pueda hablar de autodeterminación en la medida que las máquinas no toman decisiones “libres” ni “racionales”.

Además de las discusiones sobre regulaciones públicas y privadas de intermediarios, otro de los temas que llamó nuestra atención fue el del rol del periodismo digital independiente, sector en el que advertimos importantes diferencias en relación a la situación latinoamericana.

Mientras que en América Latina han surgido medios exclusivamente digitales independientes que se instalaron como contrapeso informativo a la voz de los medios hegemónicos, en Alemania, estudios realizados desde el ámbito académico para el contexto alemán -presentados por el Prof. Christian Katzenbach del Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society (HIIG) y por la propia FES- constataron la existencia de escasos medios digitales nativos de Internet y que éstos, a su vez, no tienen una fuerza importante.

Otra tendencia distintiva es que el peso de las redes sociales como fuentes informativas en Alemania es mucho más baja que en el resto de los países de Europa; que Youtube no juega un rol destacado ni en el debate político ni en la circulación de noticias (aunque sobre esto último, sí Twitter y Facebook) y que planteos difundidos como el de la polarización en las redes es limitado. Katzenbach, por ejemplo, indicó que si bien existen las burbujas de filtro, éstas son pequeñas.

Si en Latinoamérica, el surgimiento de medios digitales independientes es un elemento central para el debate político democrático -especialmente en contextos electorales-, aparentemente en Alemania este tipo de medios no son tan importantes. Las explicaciones se centraron mayormente en dos aspectos: por un lado, que ese espacio está cubierto por los medios de radio y TV locales así como también por la diversidad que aportan los periódicos nacionales y, por el otro, por la existencia de buenos medios públicos (financiados a través de una tarifa por hogar de 17,50 euros por mes), aunque éstos últimos cada vez enfrentan más amenazas.

Frente a la tendencia general donde los medios públicos en América Latina han respondido más a la lógica de medios gubernamentales, en Europa siguen ocupando un lugar destacado para el debate de ideas diversas.

En Alemania, el sistema público cuenta con unas 150 emisoras de radio y 40 de TV que obtienen alrededor de 8.000 millones de euros por año. El debate actual en el país, motorizado por la derecha, pasa por el descrédito a los medios públicos desde dos frentes: los contenidos y la lógica de financiamiento. Respecto de lo primero, los sectores de derecha dicen que el gobierno controla los contenidos. En relación al financiamiento el planteo es que se debería pagar menos para sostener el sistema público. Este argumento es compartido por los medios privados, que sostienen que aquellos están en una posición de privilegio por el dinero que reciben para sustentarse, acusándolas –como siempre lo han hecho en nuestra región- de “competencia desleal”.

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