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Unión Europea avanzó en acuerdo sobre la Ley de Mercados Digitales para controlar a las grandes empresas tecnológicas

El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (UE) llegaron a un acuerdo sobre el texto de la Ley de Mercados Digitales. El acuerdo, cuyo texto todavía necesita aprobaciones antes de ser ratificado como Ley, fue alcanzado el 24 de marzo.

Esta norma tiene el objetivo de evitar que los gigantes tecnológicos dominen de forma desproporcionada los mercados digitales. En este sentido, estipula sanciones a través de multas e incluso, en caso necesario, puede imponer medidas correctoras estructurales o de comportamiento.

A pesar de la actual normativa antimonopolio y las regulaciones en materia de privacidad de datos e inteligencia artificial, la UE detectó que estas no son suficiente para contener a las Big Techs y por eso trabajó en esta norma con la que pretende que las compañías más pequeñas puedan competir.

Según un comunicado de prensa del Consejo de la UE, la Ley de Mercados Digitales establece normas claras para las grandes plataformas y tiene el objetivo de impedir que cualquier plataforma en línea, que se encuentre en una posición de “gatekeeper” (guardián de acceso, en español) frente a un gran número de usuarios, termine abusando de su posición en detrimento de las empresas que deseen ofrecer sus servicios a dichos usuarios.

Son definidas como “gatekeepers” todas las plataformas que tengan un volumen de negocios anual, en los últimos tres años, de al menos 7500 millones de euros o una valoración de mercado de al menos 75.000 millones de euros. A su vez, deben contar con al menos 45 millones de usuarios finales mensuales y, como mínimo, 10.000 usuarios profesionales establecidos en la UE.

En este mismo sentido, la plataforma debe controlar uno o varios servicios básicos en al menos tres de los Estados miembros de la UE. En este sentido, se establecen como servicios básicos: los mercados electrónicos y las tiendas de aplicaciones, los motores de búsqueda, las redes sociales, los servicios en la nube, los servicios de publicidad, los asistentes de voz y los navegadores web. Básicamente, los “guardianes de acceso” son las empresas que tienen una posición privilegiada en el mercado y utilizan esa posición para eliminar la competencia.

Si se aprueba la normativa, los “guardianes de acceso” tendrán que garantizar el derecho de los usuarios a darse de baja de los servicios básicos de plataforma en condiciones similares a las de suscripción, no imponer el software por defecto en la instalación del sistema operativo y, a su vez, garantizar la interoperabilidad de las funcionalidades básicas de sus servicios de mensajería instantánea.

También deberán informar a la Comisión Europea las nuevas adiciones y fusiones que ejecuten. A su vez, las grandes compañías no podrán reutilizar los datos personales recabados durante la prestación de un servicio, para prestar otro servicio sin el consentimiento previo de los usuarios.

¿Qué pasará si los “guardianes de acceso” no cumplen con la normativa?

Según la web del Consejo de la Comisión Europea, las multas por la infracción de la ley irán desde el 10% del volumen total de los negocios en el mundo de la plataforma hasta el 20% en caso de reincidencia. Si una misma empresa infringiera las normas 3 o más veces en 8 años, la Comisión Europea podría iniciar una investigación e imponer medidas correctoras estructurales o de comportamiento.

La Comisión Europea será la única autoridad que pueda hacer cumplir el reglamento. A su vez, los Estados miembros podrán darles a las autoridades nacionales competentes las facultades necesarias para “iniciar investigaciones sobre posibles infracciones y transmitir sus conclusiones a la Comisión Europea”.

Según informó el portal Euro News, las empresas tecnológicas no se mostraron tan entusiastas con el proyecto. Por ejemplo, Apple expresó su preocupación, ya que ciertas disposiciones “crearán vulnerabilidades innecesarias de privacidad y seguridad para nuestros usuarios, mientras que otras nos prohibirán cobrar por la propiedad intelectual en la que invertimos mucho».

El acuerdo ya alcanzado debe ser refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Luego de su entrada en vigor, se establece un plazo de seis meses para su aplicación.

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