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Uruguay tendrá en junio nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

«El proyecto de ley incluye una serie de herramientas para promover el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación así como garantías para proteger los derechos de las personas frente a éstos…«

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Abril, 2014

El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) de Uruguay que recibió media sanción en el mes de diciembre en la Cámara de Representantes del Poder Legislativo, se envió para su estudio a una comisión de la Cámara de Senadores que deberá elevarla al Pleno para su consideración definitiva. Según han declarado a la prensa legisladores del partido en el gobierno (Frente Amplio), el proyecto se convertirá en ley antes de la primera mitad del año.

El proyecto regula la administración y el acceso democrático al espectro radioeléctrico bajo procesos competitivos y no discriminatorios, establece la existencia de tres sectores en equilibrio en la comunicación (comercial, público y social-comunitario), regula los derechos de las personas en la comunicación, define una nueva regulación para el sector público y establece que los monopolios públicos o privados en los medios de comunicación son perjudiciales para la democracia.

No obstante estos avances, persisten dudas sobre un aspecto sustantivo del mismo, las indefinición del órgano encargado de controlar el cumplimiento de la LSCA.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados se había alcanzado un acuerdo en el oficialismo para crear el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) como órgano de aplicación y control de la ley, bajo algunas características que convencieron a los observadores internacionales, como el caso del Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. El CCA había sido dotado de autonomía institucional del Poder Ejecutivo y un mecanismo de designación de cuatro de los cinco miembros del Consejo Directivo, lo que aseguraba la independencia de la mayoría del órgano colegiado.

Sin embargo, en los días previos a la aprobación del proyecto, surgieron dudas sobre una posible inconstitucionalidad, al advertir los legisladores que la Constitución prohíbe crear cargos en los 12 meses previos a las elecciones por prescripción constitucional (artículo 229 de la Carta).

Mientras no se cree ese organismo, las competencias del Consejo fueron asignadas a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación Audiovisual(URSEC), órgano encargado actualmente de las telecomunicaciones cuyo Consejo Directivo lo designa el Poder Ejecutivo e históricamente ha sido criticado por la falta de aplicación de estándares de derechos humanos en la regulación del espectro radioeléctrico.

En un comunicado aprobado luego de que Diputados diera media sanción al proyecto de LSCA, la Coalición por una Comunicación Democrática–conformada por organizaciones de la sociedad civil – recordó que “el informe del Consejo Técnico Consultivo (CTC) que elaboró las bases de la ley dejó constancia del consenso existente en torno a todos los actores de la comunicación, sobre la necesidad de crear un organismo autónomo, independiente y especializado en temas de libertad de expresión y regulación de medios de comunicación” y que“estos extremos no se verifican en la institucionalidad de la URSEC”.

No obstante, tanto el Poder Ejecutivo uruguayo como algunos senadores oficialistas señalaron su intención de encontrar una solución a este obstáculo constitucional, para asegurar la creación de un órgano de aplicación de la ley como el inicialmente acordado.

Principales contenidos

El proyecto de ley incluye una serie de herramientas para promover el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación así como garantías para proteger los derechos de las personas frente a éstos.

Se estableció la creación de un Defensor de las audiencias, que será el encargado de controlar el cumplimiento de varias disposiciones de la futura ley. Dedica un capítulo entero a establecer normas para prevenir la concentración en el control o la propiedad de los medios y se incorporó la figura de grupo económico para impedir la acaparación de frecuencias.

Se regula el horario de protección al menor incluyendo las señales de televisión para abonados. Esto afecta la emisión de imágenes violentas, pornografía, apología del consumo de drogas, entre otros contenidos. La única excepción a esta regla, también introducida durante el debate parlamentario, refiere a los informativos. Se podrán emitir imágenes de violencia extrema, relativas a hechos de interés público que estén sucediendo en ese momento, sólo luego de un aviso previo a fin de prevenir a los adultos para proteger al público infantil.

Aunque el proyecto de LSCA aprobado en Diputados encontró resistencias de algunos sectores empresariales y de la oposición, su aprobación fue saludada como un paso positivo por los organismos internacionales especializados en la protección de la libertad de expresión y distintos actores regionales y globales vinculados a la libertad de expresión[1].

Un proceso participativo.

El proceso de discusión sobre la regulación de medios de comunicación en Uruguay ha sido señalado como un posible modelo para la discusión de regulaciones para los medios audiovisuales en América Latina y el Caribe. El camino se inició a fines de 2011 con la convocatoria a un Comité Técnico Consultivo (CTC) para discutir y recomendar las bases de una futura LSCA. El comité fue integrado por unos 20 expertos relacionados con distintos actores de la comunicación (los titulares de los medios, la sociedad civil, la academia y el Estado). Este comité emitió un informe final que agendó las bases de una futura LSCA, dejando constancia de los temas en los hubo consenso y aquellos en los que se manifestaban opiniones discrepantes.

Luego de este proceso, un proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo sobre las bases de ese informe final, fue presentado al Parlamento y una vez allí se abrió al debate en el que participaron todos los actores involucrados, al punto que más de 40 delegaciones desfilaron ante la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados.

Edison Lanza. Integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República (Uruguay).

Enlaces relacionados:

[1] Los Relatores de de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Catalina Botero, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco, el coordinador del Programa Américas del Comité de Protección de Periodistas Carlos Lauría, y el director de las Américas de Reporteros Sin Fronteras Benoit Hervieu, fueron algunos de los expertos internacionales que hicieron saber su respaldo a la LSCA y sugirieron cambios que mejoraron el texto.

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