Expertos advierten que la ley aprobada en 2024 durante el gobierno de Lacalle Pou facilita la concentración mediática y elimina transparencia y mecanismos de control ciudadano. Junto con algunas voces del oficialismo plantean la necesidad de revisar el marco vigente para revertir retrocesos, pero también para incorporar a los servicios audiovisuales en línea.
El debate sobre la nueva Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual en Uruguay (“Ley de Medios”) volvió al centro de la agenda pública tras la emisión de un decreto reglamentario por parte del gobierno de Yamandú Orsi que derogó el aprobado en febrero por el expresidente Luis Lacalle Pou. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, había cuestionado ese primer decreto por incluir disposiciones no contempladas en la ley, omitir informes técnicos preliminares y generar posibles dificultades en su aplicación.
Cardona sostuvo que, más allá de su reglamentación, la ley vigente “perdió valor”, especialmente en aspectos vinculados a “derechos, libertad de expresión, soberanía y democracia”. Por ello, afirmó que en algún momento “nos tenemos que dar el tiempo de discutir e intercambiar sobre la ley”.
En la misma línea, el diputado oficialista Gabriel Tinaglini -del Frente Amplio- reconoció que, si bien “hoy no están dadas las condiciones políticas para una reforma profunda”, es necesario abrir el debate y avanzar hacia una normativa más actualizada.
Si bien la ley fue aprobada por el Parlamento en agosto de 2024, distintas voces expertas advierten que los problemas no se limitan a su reglamentación. Señalan que el texto legal presenta retrocesos y omisiones sustantivas que deben ser atendidas y corregidas. Entre ellas, la supresión de las audiencias y consultas públicas sobre los procedimientos de autorización, transferencia y renovación de licencias de radio y televisión; a la eliminación de la entidad de control ciudadano sobre las decisiones del gobierno en estos asuntos; y a la habilitación de una mayor concentración y extranjerización mediática.
El director ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, sostuvo que el país enfrenta un doble desafío. Por un lado, revertir los retrocesos introducidos en materia de pluralismo y transparencia en la actual normativa como los mencionados.
Por otro lado, Gómez profundizó en la necesidad de actualizar el marco legal para incorporar a los servicios audiovisuales en línea, como Netflix, Disney+ o HBO Max.
Recordó que en 2014 -cuando se aprobó la Ley de Medios durante el gobierno de José Mujica- ya se había señalado la falta de regulación sobre estos servicios, aunque en ese momento la decisión fue deliberada, dada la poca claridad y la ausencia de experiencias internacionales sobre cómo regularlos. Pero este problema no fue resuelto en 2024, cuando ya hay suficiente evidencia y derecho comparado para abordarlo.
No contar con una regulación abarcativa de estos servicios no sólo implica una asimetría regulatoria respecto a otros medios audiovisuales, sino que deja fuera la protección de derechos de las personas como en el caso de la protección de la niñez: las obligaciones se aplican a la televisión abierta, pero no a los servicios audiovisuales digitales, expresó Gómez. “Necesitamos ya meter una discusión sobre cómo regular estos servicios audiovisuales que en Europa ya llevan 14 años de regulación, y acá todavía están completamente por fuera de la legislación”, concluyó.
El economista y doctor en Comunicación, Gustavo Buquet, advirtió que la Ley de Medios vigente elimina el concepto de “grupo económico”, lo que dificulta identificar vínculos entre propietarios y controlar el límite legal de medios por titular. Esto, señaló, permite que una misma persona o empresa pueda ampliar su participación mediática a través de estructuras indirectas o encubiertas.
Además, Buquet cuestionó el aumento de los topes de propiedad y señaló que la normativa permite que operadores de cable vendan sus licencias a grupos extranjeros, facilitando procesos de concentración y extranjerización en el sistema de medios uruguayo.
Por último, Buquet indicó que la ley habilita a los titulares de cable a ofrecer servicios de internet mediante sus propias redes, consolidando la convergencia tecnológica en pocos actores.
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