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Uso de Content ID de Google es censura previa y requiere control público, dice OBSERVACOM a la Justicia de Brasil

OBSERVACOM envió una solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil, en apoyo a una notificación de Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social en la que la organización solicita la apertura de una investigación para evaluar las potenciales ilegalidades derivadas de la práctica adoptada por la plataforma YouTube en relación con el uso del sistema de gestión de contenidos teóricamente protegidos por derechos de autor, llamado Content ID.

El sistema de análisis de contenido de YouTube no sólo implica la remoción masiva de contenidos -incluso aquellos de interés público que son expresión legítima de ciudadanos – luego de publicados, sino que se traduce en un filtro automático aplicable antes que sean publicados, lo cual constituye una forma de censura previa, prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos.

En la sugerencia enviada a la PGR, OBSERVACOM sostiene que, incluso cuando hay denuncia de los titulares de derechos de autor luego de publicados los contenidos cuestionados -por lo cual Google retira el contenido y notifica al denunciado-, la empresa tiene la obligación de optar por garantizar la libertad de expresión hasta que la Justicia de Brasil se haya manifestado.

Esta opción es la más adecuada cuando una notificación es impugnada por el acusado y surge la complejidad de analizar la legalidad del uso de la obra y está en juego la posible afectación de derechos fundamentales de los usuarios de sus plataformas.

En este análisis existe una tensión entre el derecho de autor y el derecho de libertad de expresión, por ejemplo, que necesita de un análisis sistémico que incluya la Constitución Federal, la Ley de Derechos de Autor y el Marco Civil de Internet, además de estar en armonía con el derecho internacional sobre la libertad de expresión, que una empresa privada no debería realizar, sustituyendo a los órganos jurisdiccionales del país.

OBSERVACOM argumenta que actualmente no hay información sobre cómo YouTube asegura que tanto la legislación brasileña como la jurisprudencia sobre las limitaciones y excepciones de los derechos de autor se incorporan a sus mecanismos para automatizar la identificación de las obras protegidas y su eventual eliminación, lo que es preciso para garantizar los derechos de los usuarios de su plataforma.

En su manifestación, OBSERVACOM sugiere a la PGR que solicite información y establezca la obligación de transparencia y rendición de cuentas periódica por parte de Google -propietaria de las plataformas de vídeo online- en consonancia con la Constitución brasileña y el derecho internacional en materia de libertad de expresión.

También destaca que Google, la empresa que explota YouTube, selecciona sólo a determinados titulares de derechos de autor para que se beneficien de la herramienta de «gestión de derechos de autor». Los criterios para utilizar el Content ID son subjetivos y no están adecuadamente informados. La empresa sólo afirma que la calificación se basa en «varios» criterios, entre los que se encuentra la necesidad de que el titular de los derechos de autor demuestre la necesidad de utilizar la herramienta. Es decir, la empresa discrimina con criterios opacos qué usuarios tienen derecho a reclamar la propiedad de una obra mediante un mecanismo automatizado, y cuáles no, de forma arbitraria.

También se informó a la PGR que, si bien Google informa en su página de soporte de derechos de autor que el «uso malicioso o abusivo del proceso de disputa (denuncia de supuesto uso ilegítimo de una obra) puede resultar en sanciones», no hay información sobre la exigencia de buena fe o supervisión de la empresa respecto al uso que los beneficiarios del sistema de Content ID hacen del mismo, para identificar esos posibles usos maliciosos o abusivos.

Google no indica si la reivindicación de los derechos de autor de una obra de dominio público, de licencia libre, perteneciente a otro titular o que respete las limitaciones y excepciones legales -es decir, denuncias que serían ilegítimas- conlleva la sanción del usuario de la herramienta de gestión de derechos de autor. Parece que, mientras el usuario de la plataforma que sube contenidos identificados como infractores de los derechos de autor puede ser sancionado, el denunciante beneficiado por el uso de la herramienta de automatización no es sancionado en caso que abuse de su utilización.

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