La red social X alega que la norma vulnera la libertad de expresión, mientras que organizaciones como RSF (Reporteros Sin Fronteras) sostienen que se trata de un requisito básico para limpiar el espacio digital. La red social X alega que la norma vulnera la libertad de expresión, mientras que organizaciones como RSF (Reporteros Sin Fronteras) sostienen que se trata de un requisito básico para limpiar el espacio digital.
La red social X, propiedad de Elon Musk, presentó una demanda judicial contra el Estado de Nueva York en un nuevo capítulo del debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en relación con la moderación de contenidos. La querella, radicada ante un tribunal neoyorquino, busca bloquear la aplicación de la ley Stop Hiding Hate, una norma estatal que no obliga a las plataformas a moderar contenidos pero que exige a estas empresas que revelen las medidas que toman para combatir el discurso de odio, los contenidos extremos, la desinformación y otros materiales dañinos que se comparten en sus redes sociales.
La legislación intenta establecer un mínimo de transparencia sobre cómo operan las grandes plataformas digitales en la gestión del contenido nocivo. La intención es conocer cuáles son los criterios y procesos utilizados por las empresas para moderar el contenido. Para eso, la ley exige que las plataformas informen públicamente, dos veces al año, sobre sus políticas y acciones frente a contenidos considerados dañinos o engañosos.
Sin embargo, X sostiene que incluso este nivel de transparencia es inaceptable. Para la compañía, esta ley —promulgada en diciembre de 2024 y que entró en vigor a mediados de junio de este año— representa una vulneración de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. “El estado intenta de forma inadmisible suscitar una controversia pública sobre la moderación de contenidos con el fin de presionar a las empresas de redes sociales, como X Corp, para que restrinjan, limiten, desfavorezcan o censuren determinados contenidos protegidos constitucionalmente”, plantea la demanda.
El escrito cita como prueba de una supuesta intencionalidad política una carta pública de 2024 firmada por los legisladores Brad Hoylman-Sigal y Grace Lee -impulsores de la norma- quienes expresaron su preocupación por la conducta de Elon Musk y la calificaron como una amenaza para “los cimientos de la democracia”. Para la empresa, esa carta evidencia que la regulación busca “desfavorecer” voces específicas en el debate público, lo que consideran inconstitucional.
Frente a esta posición, diversos sectores salieron a respaldar la necesidad de la ley. “Plataformas como la red social X desempeñan un papel estructurador en el espacio de la información y sus responsabilidades están aún mal reguladas por la ley. Pedirles que informen sobre sus acciones contra la desinformación no es en absoluto un ataque a la libertad de expresión, sino lo mínimo para sanear el espacio digital”, declaró Vincent Berthier, responsable de la oficina tecnológica de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El contexto no es menor: desde que Musk compró Twitter a finales de 2022 y la rebautizó como X, la empresa ha desmantelado múltiples políticas de moderación de contenidos, alegando una defensa irrestricta de la libertad de expresión. Esta transformación ha estado acompañada por un incremento en la circulación de contenidos desinformantes y discursos de odio, al tiempo que la compañía abandonó programas de verificación de datos y redujo drásticamente su capacidad de supervisión interna.
Aunque no se trata de imponer qué contenido debe ser permitido o eliminado, sino de solicitar informes públicos sobre las prácticas que ya existen dentro de las empresas, la resistencia de X a aceptar este mínimo de transparencia y rendición de cuentas refuerza la necesidad de limitar el poder concentrado que ejercen las grandes plataformas digitales.
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