La plataforma permite ahora mantener en línea videos que violan sus propias normas si son considerados de “interés público”, una categoría ambigua que termina habilitando la circulación de contenidos que incluyen discursos de odio y desinformación, en nombre de la “libertad de expresión”. El cambio está en sintonía con ajustes que las big techs han adoptado luego del triunfo de Trump en Estados Unidos, y refuerza una tendencia regresiva en los espacios públicos en línea, con menos control de las plataformas y mayor exposición de sus usuarios a contenidos dañinos.
Sin anunciarlo públicamente, YouTube comenzó a flexibilizar sus políticas internas de moderación de contenidos para permitir la publicación de videos que vulneran sus propias normas cuando estos abordan “temas de interés público”, es decir que se trate de “temas políticos, sociales y culturales”. Desde diciembre de 2024, la plataforma le ha dado indicaciones a su equipo de moderadores para que priorice la “libertad de expresión” frente al potencial daño de los contenidos, según reveló The New York Times, que accedió a un material de capacitación en el que la empresa presentó su nueva política. Esta decisión amplía la lista de excepciones aplicada desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
La compañía ha permitido que permanezcan en línea videos ofensivos que anteriormente hubieran sido eliminados por violar sus políticas sobre incitación al odio, desinformación o discursos abusivos. La categoría de “interés público” ha sido utilizada para justificar esta decisión, aunque su definición sigue siendo difusa y no forma parte de ningún protocolo público o verificable. “Reconociendo que la definición de ‘interés público’ está siempre en evolución, actualizamos nuestras directrices para estas excepciones”, afirmó Nicole Bell, vocera de YouTube, al medio estadounidense. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: proteger la libertad de expresión y mitigar los daños atroces”.
Sin embargo, el cambio de enfoque parece alinearse más con un giro político que con una revisión de estándares de derechos humanos. Esta flexibilización —que se suma a la que ya anunció Meta a comienzos de este año— coincide con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien desde su primer día en funciones firmó una orden ejecutiva para debilitar los regímenes de moderación en internet, acusando a las plataformas de “censurar voces conservadoras”.
Al igual que X y Meta, YouTube traslada cada vez más la responsabilidad de detectar y señalar desinformación al usuario final, reduciendo su intervención directa. Esta lógica ha sido duramente cuestionada por expertos y organizaciones que defienden la libertad de expresión y la integridad de la información, quienes advierten que el desmantelamiento de políticas de moderación activa refuerza la circulación de discursos de odio y desinformación política, especialmente en contextos electorales.
En los hechos, YouTube continúa eliminando ciertos contenidos —como aquellos que incitan a la violencia o promueven el odio de forma explícita—, pero ha elevado significativamente el umbral de tolerancia para videos con contenido ofensivo si se consideran de interés público. Mientras que antes solo se permitía que hasta un 25% del contenido de un video incluyera material ofensivo, hoy esa proporción se ha duplicado, permitiendo que hasta el 50% del material tenga ese tipo de contenido. La medida beneficia particularmente a podcasters y creadores de derecha que mezclan discursos políticos con opinión y provocación, en un contexto en el que las reglas de las plataformas se vuelven cada vez más difusas y discrecionales.
Por su parte, también los cambios benefician a las empresas al reducir los costos de moderación de contenido, a la vez que mantienen más contenido en línea para la interacción de los usuarios, aseguró Imran Ahmed, director ejecutivo del Centro para la Lucha contra el Odio Digital. “No se trata de libertad de expresión. Se trata de publicidad, amplificación y, en última instancia, ganancias”, afirmó.
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