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60% de las concesiones de televisión comercial de El Salvador no tienen documentos que respalden su autorización

«El 60% de la concesión de las frecuencias de televisión no tiene documentos», aseguró Marcos Rodríguez, Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) de El Salvador. Además, “solamente entre un 6% y un 9% de las frecuencias de TV tienen su documentación completa” e indicó que algunos canales de televisión ocupan espectro pero no emiten programación.

El funcionario explicó que el costo promedio al que se entregaron las frecuencias de televisión fue de US$ 53.000 mientras que las empresas que usan espectro realizan un pago anual promedio por su uso de apenas US$ 4.700. “Con 5 minutos de spots algunas empresas de TV pagan la anualidad al Estado por el uso de frecuencia” afirmó Rodríguez.

Los datos surgen de un estudio realizado por la SPTA a pedido de la Asociación de Radios y Programas Participativos (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), cuyo objetivo es documentar cómo se entregaron las concesiones de radio y televisión y para qué se utilizan las frecuencias en El Salvador.

El informe también alude a que el único mecanismo de asignación de frecuencias que prevé la actual Ley de Telecomunicaciones es la subasta. En este sentido, el Secretario de Transparencia señaló que “eso representa un problema de cara al derecho de la sociedad ya que el objetivo de conceder las frecuencias no es para hacer negocios, sino para que la ciudadanía sea pluralmente informada”.

Cabe recordar que la Sala Constitucional emitió un fallo en el que exhortó a incorporar mecanismos de asignación de frecuencias alternativos a la subasta económica, entre otras cuestiones. Una comisión ad hoc de la Cámara de Diputados discute en estos momentos alternativas para modificar la Ley de Telecomunicaciones. En la última reunión se acordó que el mecanismo para los radiodifusores comerciales fuera la subasta, mientras que para las organizaciones sin fines de lucro regiría el concurso de proyectos.

La Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones (SIGET), el organismo regulador de los medios audiovisuales, presentó una propuesta de regulación más integral que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales. Esta iniciativa fue criticada por diputados de las bancadas de los partidos opositores ARENA y PCN.

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