En el sexto informe periódico de Ecuador, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó preocupación por algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que podrían afectar el ejercicio de libertad de expresión, así como por las amenazas a quienes criticaron al gobierno y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones.
El informe señala que “le preocupa la información que indica que la Ley Orgánica de Comunicación, si bien consagra importantes principios relativos al derecho a la libertad de expresión, contendría algunas disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho, incluyendo la imposición de algunas obligaciones que podrían resultar ambiguas o desproporcionadas, como por ejemplo la obligación de los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” o la prohibición de difundir “información que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública” (“linchamiento mediático”), y cuyo incumplimiento podría dar lugar a severas sanciones”.
El Comité de Derechos Humanos recomienda al Estado “adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus formas… Al respecto, debe velar por que su legislación, en particular la Ley Orgánica de Comunicación, sea plenamente compatible con el artículo 19 del Pacto».
Asimismo, continúan las recomendaciones, «el Estado parte debe ofrecer protección efectiva a todos aquellas personas que sean objeto de actos de acoso o amenazas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión y asegurar que todas las alegaciones relativas a actos de esa naturaleza se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los autores sean llevados ante la justicia”.
La ONU también instó al Estado a “adoptar medidas apropiadas para garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción puedan ejercer en la práctica su derecho a la libertad de reunión pacífica; redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y eliminar efectivamente todas las formas de uso excesivo de la fuerza por miembros de las fuerzas del orden y de seguridad; y adoptar las medidas necesarias para asegurar que todas las alegaciones de uso excesivo de la fuerza sean investigadas de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y que los presuntos autores sean llevados ante la justicia y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
Foto tomada de: La Razón
ENLACES RELACIONADOS:
Ecuador cuestiona a la CIDH por informe sobre Libertad de Expresión
Se recibieron 706 solicitudes para el concurso de frecuencias de radio y TV en Ecuador
El Estado ecuatoriano deberá cumplir las 33 recomendaciones del Comité de DDHH de la ONU