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Expertos recomiendan adopción de normas para limitar la concentración de medios. Las normas de defensa de la competencia no son suficientes, afirman

En una publicación oficial de UNESCO, tres expertos de Norteamérica, Europa y Latinoamérica recomiendan una serie de medidas para limitar la concentración indebida en el control y la propiedad de los medios de comunicación en las Américas.

En el escenario actual en el que muchos países de la región abandonan las discusiones sobre el problema de la concentración mediática y analizan la necesidad o no de regular los servicios audiovisuales que se prestan a través de Internet y, de modo más amplio, a los intermediarios en Internet, vale la pena re-pensar y arrojar luz sobre el tema a partir de una serie de recomendaciones presentadas por UNESCO, ya que concentración de la propiedad de los medios (analógicos o digitales) permanece como deuda pendiente en el contexto actual.

“En los últimos 10 años, se han aprobado nuevas leyes (…) que abordan la cuestión de la fuerte concentración del sector de los medios que se ha venido consolidando a través de los años en América Latina… Un problema casi universal con estas leyes es la forma en la que han sido implementadas, en particular la incapacidad que poseen para garantizar la independencia de los sistemas y prácticas previstos para su implementación frente a las injerencias políticas y comerciales”, señala el informe de UNESCO, Concentración de medios y libertad de expresión: normas globales y consecuencias para las Américas, elaborado por Toby Mendel (Canadá), Ángel García Castillejo (España) y Gustavo Gómez (Uruguay), actual Director Ejecutivo de OBSERVACOM.

En base a este diagnóstico y a la experiencia internacional, los expertos recomiendan una serie de medidas dentro de las que se incluye el establecimiento de medidas de transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación.

“Establecer la obligación, para los medios y los distribuidores, tanto de prensa como de radiodifusión y televisión para abonados, de informar de manera regular (por ejemplo, cada año) sobre sus estructuras de propiedad… ante el organismo responsable del registro o la regulación del sector de los medios…Para el caso de los medios puramente en línea, el informe debe ser o bien voluntario, o bien debe basarse en su reconocimiento formal (por ley o por parte de un sistema autorregulatorio) como medio de comunicación”, detalla el documento.

De acuerdo con los expertos, los informes deberían incluir: información básica sobre el medios de comunicación (nombre, dirección, información de contacto, etc.); información sobre propietarios directos y beneficiarios que abarque a aquellos que tienen intereses de la compañía iguales o superiores al 5%; información sobre directores, administradores, gerentes y cualquier otro individuo responsable de la operación o la gestión del medio de comunicación; información sobre ingresos; cualquier cambio a la información detallada, dentro de un período de tiempo previamente definido y relativamente corto.

A su vez se recomienda que “los organismos que reciben estos informes deben compilar la información en registros amigables para los usuarios y deben ponerla a disposición del público en Internet, tanto para ser descargada en formatos abiertos como a través de pedidos específicos de información”.

Además de la transparencia, los expertos recomiendan la adopción de normas sustantivas para limitar la concentración indebida de la propiedad. Las regulaciones deben servir para impedir el control del mercado de medios por parte de una única persona o entidad sin socavar “el desarrollo comercial de los medios o el derecho de los propietarios de medios a participar en actividades de expresión”.

El documento explica que las regulaciones deben abarcar a canales de radio y TV nacionales (gratuita y paga, de distribución terrestre, por cable o satelital), locales y regionales. Asimismo debe contemplar situaciones de propiedad cruzada entre televisión satelital y otros servicios audiovisuales y propiedad cruzada en un área geográfica entre canales de radio y televisión, y periódicos. Cuando fuera necesario, estas normas también podrían alcanzar a periódicos nacionales y locales; la propiedad cruzada entre TV gratuita y paga y entre productores de contenidos, medios de comunicación y distribuidores.

El documento destaca que las normas de defensa de la competencia no son suficientes para limitar la concentración. “Estas normas deben trascender las normas generales de regulación de la competencia, y deben incluir disposiciones específicamente diseñadas para prevenir la concentración indebida de la propiedad de los medios y para fomentar su diversidad (es decir, además de garantizar una competencia comercial leal en el sector de los medios, deben proporcionar una variedad adecuada de fuentes de información a los ciudadanos)”.

Además, el informe sostiene la importancia de que los Estados promueva en la normativa mecanismos de promoción de la diversidad que tengan en cuenta: obligaciones de transmisión y de uso compartido de infraestructura para operadores dominantes; cuotas de producción de contenidos locales y nacionales, e independientes; reconocimiento legal explícito de los tres sectores de la radiodifusión (comercial, público y comunitario), además de reservas del espectro de frecuencias, procedimientos simplificados para el otorgamiento de licencias, y asignación de fondos públicos para radiodifusores comunitarios; y apertura a nuevos actores en el sector de la televisión a través de la transición digital.

Por último, el documento de UNESCO hace referencia a la aplicación efectiva de las normativas. «Deben ponerse en marcha sistemas efectivos capaces de garantizar el respeto del principio de transparencia y de las normas sustantivas”, señala.

En este sentido se destaca el rol de los organismos independientes para la implementación de las regulaciones y que las agencias deben tener facultades y capacidad para supervisar la evolución del sector y de hacer cumplir las normas en caso de incumplimientos. A su vez se recomienda que las decisiones adoptadas por el regulador deban ser pasibles de apelación ante una corte de justicia.

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